Miles de personas se manifestaron en Santiago, a dos días del aniversario del inicio de las protestas sociales en Chile, en la céntrica plaza Italia de la capital, donde grupos menores protagonizaron incidentes con la policía.
Los manifestantes, como de costumbre, congregaron en los alrededores de esta céntrica plaza, epicentro de las manifestaciones que estallaron el 18 de octubre del año pasado, tras llamados a evadir el pago del boleto del Metro por parte de estudiantes que luego se extendieron a un masivo reclamo por cambios sociales.
Música, bailes y cánticos se mezclaron durante esta jornada con las barricadas incendiarias levantadas en varios puntos, con vallas tumbadas y pedradas lanzadas por manifestantes contra los pocos efectivos policiales que aparecieron por el lugar.
Más temprano, un grupo de manifestantes pintó de rojo estatua del general Baquedano, el principal líder chileno de la Guerra del Pacífico, que domina el centro de la simbólica rotonda y que había sido restaurada durante los meses de restricciones impuestas por la pandemia de covid-19.
"Hasta que se sienta que realmente hemos logrado algo; hasta que algo cambie, hasta que sintamos que realmente estamos ganando", dijo Fabiola, una manifestante de 26 años, para explicar las razones que la llevaron a concurrir a la Plaza Italia pese a los llamados a evitar aglomeraciones por el coronavirus.
"Tenemos un nivel de represión altísimo y una injusticia tremenda respecto a la cantidad de heridos, muertos y desaparecidos desde el 18 de octubre (de 2019) hasta el día de hoy", agregó Fabiola.
A dos días del primer aniversario de lo que en Chile fue catalogado como "estallido social" existe preocupación sobre lo que pueda suceder durante la conmemoración este domingo.
Tras varias horas, la mayoría de los manifestantes se retiró pacíficamente del lugar aunque un grupo de encapuchados protagonizó enfrentamientos con la policía.
¿Qué ha cambiado en Chile a un año de protestas?
El pasado 18 de octubre una decena de estaciones del Metro de Santiago fueron incendiadas, al igual que varios edificios. Hubo saqueos, ataques al comercio y enfrentamientos en esa noche de furia que terminó con los militares custodiando el palacio de gobierno.
"No son 30 pesos (chilenos), son 30 años": la frase de los protagonistas de las protestas en Chile resume el descontento que hace un año detonó el mayor estallido social desde el retorno a la democracia en 1990, e inició un proceso de esperanza para algunos, pero que para otros puso al país al borde de un precipicio.
Los chilenos se preparaban para albergar dos importantes reuniones internacionales: la cumbre económica APEC, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y la COP-25 sobre cambio climático. El presidente Sebastián Piñera acababa de declarar a Chile como un "oasis" de estabilidad en América Latina, cuando se encendió la pradera.
El desencadenante fue una serie de evasiones de estudiantes de secundaria en el Metro de Santiago, algunas de las cuales fueron masivas y violentas. "Evadir, no pagar, otra forma de luchar", reclamaron los estudiantes encaramados sobre los torniquetes por el alza de 30 pesos chilenos del boleto.
Un año después, tras una postergación en abril por la pandemia, los chilenos acudirán este 25 de octubre a votar en un plebiscito que definirá si se cambia o no la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El referéndum se aprobó tras un acuerdo entre las fuerzas políticas luego de una de las jornadas más violentas después de un mes de iniciadas las protestas. A los estudiantes se sumaron, aquel viernes 18 de octubre, otros manifestantes. Y al caer la noche, varios puntos de Santiago ardían luego de que fueran atacadas una decena de estaciones del Metro, edificios y autobuses.
Además, se encendieron barricadas en varios puntos de la ciudad y hubo ataques al comercio y saqueos.
"Este afán de destruirlo todo, no es protesta, es delincuencia", afirmó entonces Piñera, que durante los ataques a las estaciones fue captado comiendo pizza junto a sus nietos en un restaurante, una imagen que se viralizó por redes sociales y alimentó la furia. La noche terminó con tanquetas militares custodiando el palacio de Gobierno tras decretarse el "estado de emergencia".
Al día siguiente, Santiago amaneció irreconocible, con semáforos en el suelo, restos de autobuses quemados, comercios saqueados y miles de piedras y palos sobre las calles.
"Es muy triste todo lo que está pasando, pero la gente está indignada porque no la escuchan", dijo entonces a la AFP Antonia, de 26 años, en el corazón de la capital chilena.
Sin muchas señales previas, salvo algunas protestas estudiantiles, el gobierno de Piñera, que hasta ese momento había sorteado con relativa calma el primer año y medio de su segundo mandato, quedó enfrentado a una crisis social sin precedentes desde que terminó la dictadura.
Las cacerolas que comenzaron a escucharse en simultáneo al surgimiento de las protestas, sobre todo en los barrios de clase media, dieron cuenta de que el enojo escondía un reclamo más profundo. El país arrastraba una marcada segregación social pese a ostentar el ingreso por habitante más alto de América Latina, más de 20 mil dólares anuales.
El reclamo de los estudiantes abrió también un malestar acumulado contra un modelo de grandes monopolios basados en el neolibrealismo por los que la ciudadanía se sentía abusada: empresas distribuidoras y comercializadoras de servicios básicos como agua, luz y gas, además de educación, salud y administradoras de pensiones, durante 30 años de democracia.
El hashtag #Chiledesperto se transformó en la máxima tendencia en redes sociales por esos días, y aún se mantiene como el lema de las protestas, en un reclamo apoyado por más de 65 por ciento de la población, según diversas encuestas. Otras, marcan que un 80 por ciento condena las expresiones violentas de las manifestaciones.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) constató 3 mil 063 casos de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del estado a partir del 18 de octubre de 2019, entre ellos 460 personas con lesiones oculares causadas por disparos de perdigones o bombas lacrimógenas. La Fiscalía Nacional contabilizó hasta enero 31 fallecidos en las manifestaciones.
En un recuento entregado este viernes, donde no se actualizaron los fallecidos, la Fiscalía informó que formalizó a 5 mil 084 personas por distintos delitos en el marco de las protestas, y recibió 8 mil 827 denuncias por actos por agentes del estado.
La Policía, fuertemente cuestionada por el uso excesivo de la fuerza, contabiliza por su parte entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, 544 cuarteles atacados y 4 mil 817 agentes lesionados en el ejercicio de sus funciones.
Una semana después de que se iniciaran las manifestaciones y con un país semiparalizado, más de 1.2 millones de personas se congregaron en la Plaza Italia de Santiago, en la mayor concentración de que se tenga registros.
"Pedimos justicia, honestidad, ética en el gobierno, no es que queramos socialismo, comunismo; queremos menos empresas privadas, más Estado", dijo Francisco Anguita, 38 años, en medio de la histórica manifestación.
La imagen de un Spiderman encaramado sobre un poste en medio de la muchedumbre ese día en la plaza Italia y el video de la caída de una ama de casa disfrazada de Pikachu de Pokemon se hicieron virales. Ambos personajes se convirtieron entonces en héroes impensados de esta revuelta social, que un año después continúa sin líderes y fuera de las estructuras políticas tradicionales.
Casi un mes después, las fuerzas políticas acordaron la realización de un plebiscito que definirá el cambio o no de la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Pinochet y que debía realizarse en abril pero que fue pospuesto para el 25 de octubre debido a la pandemia.
"Hay que tener el resultado del plebiscito primeramente, eso en el fondo es como una anestesia", consideró otra manifestante que se identificó como Lorena Bustos.
La cancillería de Chile afirma que "han regresado a la normalidad"
La Cancillería de Chile emitió este viernes un documento en el que asegura que un año después del estallido social el país "ha recuperado su normalidad" pero que "deberá seguir trabajando para controlar, con estricto apego a la ley, a grupos violentistas".
Asimismo, la Policía chilena, que acumula multitud de denuncias por contener las manifestaciones ejerciendo represión, ha vuelto a ser cuestionada por abusos en las últimas semanas después de que un agente lanzará a un joven hacia un río durante una manifestación, ocasionándole graves lesiones.
El texto, firmado por el canciller del país, Andrés Allamand, describe el estallido social como una mezcla de "inusitada y desconocida violencia" y de "manifestaciones de protesta pacíficas", y contempla que factores como "la mala distribución del ingreso, las bajas pensiones y las deficiencias del sistema de salud público" se encuentran en su germen.
El texto, que fue enviado a todas las embajadas de Chile en el extranjero, busca también dar garantías a los inversores de otros países.
Así, aborda el próximo plebiscito constitucional, que se celebrará este domingo, y subraya que en la eventualidad de que los ciudadanos elijan cambiar la Constitución, la convención constituyente que redacte la nueva Carta Magna "deberá respetar los tratados internacionales adoptados por Chile, incluyendo derechos humanos y aspectos económicos, tales como el resguardo a las inversiones extranjeras".
dmr