Policías en Araucanía, al sur de Chile, desalojaron a indígenas del pueblo mapuche del la sede municipal de Curacautín, que habían ocupado durante seis días en apoyo a la huelga de hambre sostenida por Celestino Córdova, el "machi" (guía espiritual) de la tribu, que agravaron con un componente racial un conflicto de larga data.
Córdova, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de una pareja de ancianos en 2013 tras incendiar su granja, pretende ser llevado a su casa en la ciudad de Temuco, capital de la Araucanía, unos 600 kilómetros al sur de Santiago.
Durante la última semana la situación ha ido complicándose en la región donde la reivindicación indígena por el territorio, que consideran ancestral, ha vuelto a chocar con la "inmovilidad del Gobierno" para solucionar la situación.
Los mapuches ocuparon alcaldías, realizaron huelgas de hambre, provocaron incendios, ataques armados, turbas civiles y desalojos forzados generado una escalada de violencia en el sur de Chile en el conocido como "conflicto mapuche" entre comunidades del pueblo originario y el Estado para para pedir la liberación de los presos.
El desalojo provocó enfrentamientos entre indígenas, policías y grupos "antimapuches", que en las afueras del municipio, con palos en las manos, gritaron "el que no salta es mapuche" y "fuera indios", para luego golpear a algunos de los nativos desalojados.
“Ayer fue un día doloroso para Chile (...), especialmente para la región de la Araucanía, con municipios quemados, con ciudadanos enfrentándose entre sí y con personal militar y policial herido”, afirmó el Subsecretario del Interior, Juan Galli, a los medios. “No es aceptable que recintos públicos resulten quemados como consecuencia de hechos de violencia total y absolutamente condenables”, señaló
Galli quien informó que hubo 48 detenidos por estos hechos, entre ellos menores de edad señaló que “la violencia nunca va de la mano con el diálogo”, afirmando que el gobierno se ha mostrado dispuesto a dialogar.
Según el alcalde de Traiguén, Ricardo Sanhueza, el edificio municipal quedó en un 90 por ciento destruido.
"El panorama es complejo; todo es muy doloroso", afirmó a medios locales, advirtiendo que tras la intervención de grupos civiles "podría haber un antes y un después y se podría complicar aún más" el añejo conflicto indígena en la zona.
"La presión de la ciudadanía obligó a que Carabineros hiciera el desalojo de las personas que ocupaban nuestra municipalidad", relató por su parte Javier Jaramillo, alcalde de Victoria, al canal de noticias 24 Horas de TVN.
Los detenidos son en su mayoría comuneros mapuche que habían tomado los consistorios y fueron golpeados por los civiles encapuchados que, a pesar de ser horario de toque de queda, estaban en la vía pública sin problema pese a la presencia de las fuerzas del Estado.
El vocero de los presos mapuche de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipán, acusó al gobierno de "orquestar" los desalojos y permitir los linchamientos con el beneplácito de los policías presentes.
"Cobra relevancia que lo hicieron de acuerdo con quienes estaban custodiando el desalojo, que era Carabineros. Hubo una situación preparada por parte del gobierno porque actuaron con completa impunidad en plena hora de toque de queda (...) porque ninguno terminó detenido por quebrantar esa medida", dijo.
Las imágenes de televisión mostraban enfrentamientos entre ambos grupos y edificios en llamas. Los hechos marcarían la fuerte reactivación del conflicto histórico entre el gobierno de Chile y el pueblo originario mapuche, que fue señalado esta semana como un tema prioritario para el nuevo ministro del Interior, Victor Pérez.
La violencia se produce poco después de una visita del nuevo ministro Pérez al lugar, que ya en su discurso de asunción afirmó que la Araucanía iba a ser una de sus prioridades.
El pueblo mapuche, los relegados del Estado
Tras la llegada de los conquistadores españoles a Chile en 1541 y otros procesos, los mapuches quedaron relegados a ocupar cerca de un 5 por ciento de sus antiguos territorios y hoy luchan por recuperar parte de ellos. Agrupados en pequeñas comunidades, sin espacio para sembrar o criar animales, y divididos, la mayoría debió renunciar a sus medios de subsistencia tradicionales y migrar a las ciudades.
De los casi 18 millones de chilenos poco menos de un millón son mapuches que viven en unas 2 mil comunidades, que aceptan la política oficial de entregar pequeños terrenos a grupos que muchas veces carecen de recursos para explotarlas.
Unos 200 rechazan este plan y realizan actos violentos en demanda de la restitución de tierras de sus antepasados, los habitantes originarios de Chile. Actualmente la mayoría de las tierras, ubicadas a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, están en manos de grandes empresas forestales, dueños de fincas y empresas de transportes.
La principal traba para que el conflicto no se solucione, según Curipán, es la falta de aplicación del artículo 169, que Chile suscribió ante la Organización Internacional del Trabajo, en el que se reconoce a los pueblos originarios y sus derechos.
Entre ellos el reconocimiento de lo que se consideran sus tierras ancestrales y la obligación de que los indígenas participen de las decisiones que el Gobierno tome en la zona, algo que señalan que no ha ocurrido hasta el momento.
Desde las comunidades también destacaron el racismo que sufren y que quedó patente en vídeos publicados por televisiones locales en los que se aprecia una masa de encapuchados armados con palos gritando en la calle "el que no salte es mapuche".
"Toda la gente que estaba allí era gente antimapuche. No todo el mundo participó de estas agresiones, eran un grupo reducido. Cuando hay este tipo de acciones lo que vemos es que el racismo se ha ido profundizando permanentemente contra nosotros y eso es parte de la política del Gobierno para acusarnos de violentos y terroristas", señaló Curipán.
El conflicto mapuche ha provocado la muerte violenta de varios comuneros, siendo el joven Camilo Catrillanca el caso más reciente, policías y agricultores, además de incendios de propiedades y maquinarias, con decenas de mapuches condenados bajo la ley antiterrorista.
"El Estado de Chile no ha cumplido con su deber de garantizar la paz, respetando los Derechos Humanos y condenando toda expresión de racismo", dijo el director del instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco.
dmr