Desde 1998, cuando se endurecieron las penas por abortar, al menos 195 mujeres han sido procesadas en El Salvador por ese “delito”. Entre ellas se encuentra Cinthia, quien tuvo una emergencia extrahospitalaria en casa el 4 de julio del 2008. Su familia la llevó al hospital. Ahí perdió el conocimiento.
Cuando despertó, Cinthia estaba esposada a la camilla, en espera de que trasladaran al reclusorio. En un principio, las autoridades le dijeron a Cinthia que sería procesada por aborto pero, ya en prisión, se le reclasificó el delito. Fue acusada de homicidio agravado y condenada a 30 años de cárcel.
“Su caso movilizó a las colectivas y activistas feministas”, cuenta Sara García, integrante de la Agrupación por la Despenalización del Aborto. “Gracias a esa lucha, Cinthia recuperó su libertad 10 años después. Y ahora busca dar voz a todas las mujeres que, al igual que ella, fueron sentenciadas por haber abortado”.
García remarca que el del Cinthia no es un caso aislado en El Salvador. Actualmente, dice, 130 mujeres que sufrieron un aborto espontáneo están presas por homicidio.
“Nicaragua, Honduras y El Salvador son los países más punitivos respecto al aborto”, se queja y agrega que las mujeres son criminalizadas tanto dentro como fuera de la cárcel.
En la constitución de El Salvador, la interrupción del embarazo se castiga en el artículo 133, con penas que pueden ir desde los tres hasta los ocho años. En los artículos 128 y 129 se dice que las mujeres pueden ser sentenciadas por homicidio agravado o simple, “en caso de que el producto esté en etapa avanzada del embarazo”, “o sea encontrado sin vida”. Aquí la condena sube a 50 años.
“Las leyes no sólo criminalizan a las mujeres que sufren de un aborto”, protesta García. “También a cualquier persona que decida ayudarlas”.
Cuenta que, por ejemplo, el propio personal de salud se lo han dicho a ella y a otras colectivas.
“Están con las manos atadas. Han estado en casos donde no saben si salvar la vida de la mujer o llamar a la policía. A nosotras mismas, como activistas, nos quieren llevar presas”.
La ayuda que podría venir desde el poder legislativo está bloqueada. Apenas el periodo pasado, se buscaron tres causales para despenalizar el aborto: violación a niñas, violación a menores y cuando se supiera que el producto viene con algún padecimiento grave. Pero se desecharon por injerencia de los grupos conservadores del Congreso.
“Si vos te pronuncias por la despenalización del aborto eres mala, eres una persona que atenta contra la vida”, dice Anabel Belloso, diputada de El Salvador, quien reconoce que en este periodo ha sido imposible presentar alguna iniciativa en pro del derecho a decidir de la mujer. “El machismo no permite promover garantías en materia de salud”.
Ante el cierre de la vía legislativa, dice García, sólo queda una ruta: la calle. Y hablar de la calle, como en otros países, es hablar de la marea verde.
“La marea verde significa eso: despenalizar el aborto en las calles. Significa que hablemos de aborto sin estigmas, sin tapujos, y que coloquemos el debate de estos derechos al centro de las mujeres”, explica García.
“Como en todo Latinoamérica, las mujeres luchan para conquistar sus derechos en medio del machismo, la misoginia, la violencia y de gobiernos que las re victimizan, criminalizan y culpan por decidir sobre su cuerpo”.
La activista Keyla Cáceres pide no olvidar que, en El Salvador, “existen mujeres que están presas por una emergencia obstétrica o un parto extra hospitalario”. Pide no olvidar que “hay mujeres de 11 años pariendo porque no existe educación integral de sexualidad”.
EHR