Una mirada al sur

Norma acaba de cumplir 35 años, y aunque lleva más de una década trabajando como contadora en un despacho ubicado en la Ciudad de México, sigue rentando un pequeño departamento en Naucalpan, Estado de México, junto a su madre e hijo. Ella sueña con conseguir una vivienda propia y de bajo costo. “No tengo de otra que rentar y rogar para que en algún momento los precios bajen”, dice. 

En la Ciudad de México, por ejemplo, el precio promedio de los departamentos nuevos pasó de 1 millón de pesos a 3.5 millones en la última década, según estimaciones de la consultora inmobiliaria Softec.

“Los incrementos del valor del suelo se han disparado en zonas céntricas donde existe mayor demanda y, por tanto, menor oferta. Y la vivienda en renta es cada vez mayor”, dice Gustavo Gómez, director de Urbanismo Ciudadano para la región CDMX del Tec de Monterrey, y explica que en la CDMX, cerca de 50% de las viviendas que son rentadas.

En estos tiempos, para la gente es prioridad vivir en zonas bien ubicadas, de ahí que las nuevas generaciones estén dispuestas a habitar viviendas pequeñas mientras sean céntricas. “Queremos ciudades con vivienda asequible en zonas céntricas, pero ya no hay lugar suficiente para construirlas”, dice Gómez.

Sebastián, un chico de 32 años, a diferencia de Norma no tiene un título universitario. Labora como portero en un edificio en la colonia Polanco de la CDMX y vive en Coacalco, Estado de México, en la casa de sus suegros, que queda a más de 40 kilómetros de su trabajo. La idea de comprar una casa se ve difícil y lo máximo a lo que aspira es, un día, poder comprar un terreno e ir construyendo poco a poco.

A pesar de sus diferencias, ambos forman parte del 38 POR CIETO de la población mexicana que carece de una vivienda adecuada, asequible y bien ubicada, un derecho económico, social y cultural, según el informe “Vivienda y objetivos de Desarrollo Sostenible” del programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat.

Hogares a futuro

En México, hay 8.5 millones de viviendas en condiciones de rezago habitacional, donde viven más de 33 millones de personas, según datos de la Canadevi. 

Las casas que se consideran en esta categoría cuentan con materiales precarios en pisos, techos y muros, y no tienen excusado, o son aquellas donde sus residentes habitan en hacinamiento. 

Si bien el mayor rezago se debe de atender con vivienda social y asequible para la mayor parte de la población, es necesario que exista una colaboración entre los tres órdenes de gobierno para dar soluciones al respecto, explica Gómez, del Tec de Monterrey. 

“Tenemos que buscar las buenas prácticas de gobiernos estatales y sumarlas a estas circunstancias para que, de manera particular, en cada uno de los estados veamos opciones para atender a la gente de bajos ingresos, para que tenga el derecho constitucional de una vivienda”, añade.

Según Irene Campos Gómez, exministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, los principales factores que le impiden a una familia adquirir una vivienda son el alto costo y los bajos ingresos, lo que significa que no pueden acceder a un financiamiento. “Es por ello que el ingreso familiar es uno de los principales factores asociados al rezago habitacional”, dice Campos. 

3.5 MILLONES de pesos es el precio promedio de un departamento nuevo en la CDMX

Según las cifras del Reporte Anual de Vivienda 2022 del Infonavit, entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2022 se incrementó la brecha del crecimiento del ingreso de los trabajadores y los precios de la vivienda en 22.7%; esto significa que el crecimiento acumulado de precios de la vivienda fue de 17.7% y 14.7% el crecimiento del ingreso laboral, lo que presionó a la baja la posibilidad de adquirir una vivienda por la reducción en el poder adquisitivo

Lecciones del sur

En todo el mundo, la única manera de hacer vivienda asequible para la población de menores ingresos es a través de subsidios; algunos le llaman apoyos o fondo de vivienda, pero, al final del día, es un subsidio. 

Campos explica que hay casos donde se da apoyo al suelo, a las personas, a la construcción o se edifica vivienda en zonas periféricas, pero con el equipamiento de medios de transporte y conectividad al resto de la ciudad.

 Las personas más pobres en América Latina han enfrentado problemas para crear su patrimonio. Las principales barreras de acceso a la vivienda para la población, según la experta costarricense, son el alto precio de las unidades, la falta de productos financieros y los enganches que están fuera del alcance. 

En Costa Rica, se diseñaron dos políticas para dar accesibilidad a la vivienda a través de subsidios, que se denominaron Bonos de Vivienda, los cuales pueden ser parciales o totales. “El primero, tiene que ver con un crédito adicional para la familia, mientras que el otro va dirigido a aquellos con extrema necesidad, es decir, que no cuenten con un hogar y sus ingresos sean muy bajos”, explica Campos. 

Los casos especiales aplican a las personas con discapacidad o adultos mayores que vivan solos, estos segmentos poblacionales pueden acceder al subsidio de manera automática.

Campos compartió que estas iniciativas son buenos ejemplos para ofrecer accesibilidad de vivienda a los segmentos vulnerables. De acuerdo con la experta, este modelo de financiamiento ha permitido llegar a una gran cantidad de familias en Costa Rica. Sin embargo, el apoyo solo está destinado a la vivienda, por lo que a medida que la segregación socioespacial y la homogeneidad de barrios más vulnerables han cobrado un efecto más complejo sobre la vida de las familias y el desarrollo de las ciudades, son necesarias actualizaciones en la política pública para cubrir más áreas. 

María Paulina Saball, exministra de vivienda de Chile, señala que uno de los principales problemas de la vivienda es que los planes de desarrollo no se ciudadanizan y se han hecho desde un escritorio, sin conocer las necesidades de quien requiere una vivienda. 

“Tenemos que seguir garantizando el acceso a una vivienda digna, nueva, unifamiliar, pero además hay que diversificar la intervención del Estado en aquellas cuestiones relacionadas con el mejoramiento del stock de vivienda y la infraestructura de los barrios que integren los servicios de salud, educación, etcétera”, dice. Saball asegura que diversificando las formas de acceso a la vivienda y procurando que haya una mayor sinergia entre los planes de vivienda y las políticas públicas, las personas pueden acceder a una mejor calidad de vida

Quiero mi barrio

Desde Chile, muchos otros países también pueden aprender sobre el programa Quiero mi barrio, que, desde su origen en 2006, ha logrado sobrevivir el paso de cinco gobiernos de distinto signo político y ha favorecido a cerca de 192,993 personas a nivel regional, según los datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), de Chile. 

La iniciativa busca la recuperación de los barrios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos que viven en estos territorios, que presentan problemas de deterioro urbano, todo esto a través de un proceso participativo, explica Paulina Saball, quien fuera ministra de vivienda de 2014 a 2018. 

“Buscamos propiciar la participación de los ciudadanos, fomentando la vida en comunidad, entregando espacios de conversación, deliberación y convivencia para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores”, dice. 

La recuperación integra el rescate de los elementos de identidad del sector, sus orígenes, historia, tradiciones, desarrollo y proyección, socializándolos con la comunidad, particularmente para llegar a los jóvenes que desconocen cómo se originó la demarcación. 

El programa considera tres fases: la primera es de diagnóstico y levantamiento de necesidades y problemas. En la fase dos, de acuerdo con una metodología definida, el programa establece un trabajo colaborativo entre el Minvu, los vecinos del barrio donde se ejecutará el programa y el municipio, a fin de realizar un plan maestro en el que se establecen una serie de proyectos sociales, urbanos y multisectoriales. Finalmente, en la tercera fase, se realiza una evaluación del programa. 

Desde el comienzo de esta iniciativa y hasta 2018, “se intervinieron 62 áreas. Además, a partir de 2019 se trabaja en otros 21, en las comunas de Arauco, Cañete, Curanilahue, Los Álamos, Lebu, Contulmo, Coronel, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Hualqui, San Pedro de la Paz, Nacimiento, Los Ángeles, Laja y Tucapel, a los que se suman otros cinco que están también en ejecución actualmente, totalizando 26 barrios. En resumen, desde 2006 a la fecha, son 88 los incorporados a la iniciativa”, explica con entusiasmo la exministra. 

Para alcanzar estas cifras fue fundamental el trabajo de los dirigentes sociales de cada barrio y población donde se ha llevado a cabo la iniciativa, porque son la contraparte de los encargados del programa y quienes también velan para que las actividades y proyectos comprometidos y acordados se lleven adelante, dice. “Me parece importante reconocer el trabajo que a diario entregan mujeres y hombres en beneficio de sus barrios y comunidades, porque el programa está de la mano con los vecinos que están representados por sus dirigentes. Sin ese liderazgo comprometido, la iniciativa pierde su vocación”, agrega Saball.

Un reto por venir

De acuerdo con las expertas en vivienda en Latinoamérica, la región comparte dos grandes retos para ofrecer vivienda asequible: el primero es el acceso al suelo con buenos servicios básicos como movilidad eficiente de transporte público y bien ubicado, es decir, cerca de los lugares de trabajo y esparcimiento. El otro reto es que la vivienda tenga precios accesibles y que las familias de menores ingresos puedan acceder a financiamientos. 

“El problema del subsidio a la demanda es que el precio del suelo crece y, para mantener la rentabilidad y no perder el bono de subsidio, las inmobiliarias construyen vivienda de interés social lejos de las ciudades. Entonces, vemos que se habla de cinco millones de vivienda social que fue adjudicada en Costa Rica, pero no ocupada. Porque la gente no quiere vivir a 20 kilómetros de la ciudad, y prefiere irse a los centros, en cuartos de alquiler, o construir un piso en la casa de sus padres”, puntualiza Irene Campos, exministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica.

sgs