En América Latina, los cambios demográficos equivaldrá a una caída de 52 por ciento del valor de las pensiones en los próximos 30 años, esto como consecuencia del acelerado envejecimiento de la población, menores tasas de natalidad y altos niveles de informalidad, reveló una publicación elaborada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Unión Europea.
La revisión de políticas destacó el caso de Chile, México y Perú, países en donde más de dos tercios de los planes de pensiones corresponden a la rentabilidad, mientras que sólo un tercio a las cotizaciones de los trabajadores.
En México, las pensiones representan un lastre para las finanzas públicas. De acuerdo con el Paquete Económico de la Secretaría de Hacienda, para este año el monto destinado al pago de pensiones alcanzará un récord de 1.7 billones de pesos, que representa 20.4 por ciento del total del presupuesto gubernamental y un aumento de 14.3 por ciento respecto a 2022.
“Los países deben desarrollar políticas de protección social que consideren su capacidad técnica y financiera para aplicarlas. Deben analizar diferentes opciones de financiamiento, tanto contributivas como no contributivas, obligatorias y voluntarias, como una combinación adecuada que fomente la sostenibilidad”, expusieron.
Por otra parte, la informalidad es el principal obstáculo para eliminar la brecha de cobertura. La economía formal es la fuente principal de financiamiento de la protección social, “por ello es necesario aumentar el espacio fiscal y permitir que se siga avanzando hacia la cobertura universal”.
El organismo agregó que el impacto demográfico es significativamente más bajo en sistemas financiados de forma individual, como es el modelo de las Administradoras de fondos para el retiro (Afore) en México, dado que no dependen del número de nacimientos por mujer en edad fértil.
De esta forma indicó, aumentar la cobertura y mejorar los sistemas de protección social puede fomentar la inclusión, la productividad y el desarrollo económico.
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