El empleo más difícil

Mariana Díaz Figueroa es parte de la élite de 5.25% de personas con discapacidad (PcD) en México que tuvo acceso a la universidad. Cuando era estudiante de la carrera de Derecho, antes de estudiar dos maestrías, solicitó trabajo en una bolsa universitaria para un empleo que negaba oportunidades a PcD, sin conocerlas siquiera, en violación a la Constitución mexicana. 

Lo litigó vía un amparo que llegó, seis años después, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2014, institución que sentenció a la empresa a pagar una indemnización por daño moral. A cuatro años de esa decisión, no ha recibido ni un peso, el proceso sigue. “Han sido 10 años muy complicados”, acepta Mariana. 

El caso de Díaz Figueroa, quien tiene parálisis cerebral infantil, y ahora trabaja en la misma Corte en el equipo del ministro Fernando Franco, sentó un precedente importante: la no discriminación en el empleo no es solo obligación del Estado, sino de los particulares. 

En México no se sabe con certeza cuántas personas con discapacidad hay, pero según cifras oficiales de 2014, son al menos 7.1 millones, 6% de la población. Solo 39.1% en edad de trabajar tiene empleo. Incluso las que acceden a un empleo, pueden tener una brecha salarial entre personas sin discapacidad en el mismo trabajo, de hasta 151%, eso sin contar que pueden gastar hasta 50% de su salario en transporte o apoyos personales. 

Solo 51% de PcD tiene seguridad social, en comparación con 68% sin discapacidad. Los hombres tienen el doble de posibilidades para encontrar empleo que las mujeres. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2009) excluir a las personas con discapacidad al trabajo cuesta a un país de 3 a 7% de su Producto Interno Bruto (PIB). 

Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está haciendo México para revertir estas cifras? 

Una concatenación de exclusiones 

Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), explica que todo inicia cuando una PcD nace en México: “Es una afectación a todo el ciclo de la vida, un problema estructural de falta de oportunidades” y continúa “Las guarderías del IMSS hasta hace poco no admitían a niños ni con reflujo, no hay servicios para recién nacidos con discapacidad ni política real de educación inclusiva ni en escuelas públicas ni privadas. La falta de educación refuerza el estereotipo a nivel laboral de que las PcD no tienen calificaciones para trabajar”.

Las cifras lo gritan: el promedio de escolaridad es de 4.7 años contra 8.9 de sus pares sin discapacidad. De ellos, 28.15% no tiene estudios y 24.8% de mayores de 15 años no sabe leer y escribir. Del total que estudiaron, 45.81% tiene un año de primaria, 13.42 % un año de secundaria, 7.37% un año de media superior y el embudo se cierra a 5.25% con los que alcanzaron un año de educación superior. 

Todavía se tiene la percepción de que la inclusión de PcD es un acto caritativo y que ellos deben estar a cargo de sus familias (quienes, por cuidarlos, también reducen su ingreso) y, en todo caso, del Estado. 

“Hablamos mucho de inversión extranjera en México y del valor de nuestro bono demográfico. Pero si empiezas a excluir a PcD, mujeres, jóvenes, personas de diversidad sexual y adultos mayores, ¿en dónde quedó el bono demográfico?”, dice Haas. 

Pese a este panorama, en los últimos años se han dado esfuerzos por lograr que más PcD trabajen aunque los empleos siguen siendo, en su mayoría, de pocos ingresos. 

Según datos del INEGI en 2013, 57.6% de las PcD reciben entre 0 y 2 salarios mínimos mientras que 37.9% de la población sin discapacidad gana eso. Solo 2% de la población con discapacidad ganan más de 10 salarios mínimos en México, en comparación con 4.3% de la población sin discapacidad. 

Lo privado 

Una iniciativa que nació dentro del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en 2015 contribuye a cambiar paradigmas: “Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad”. Tiene ya 241 empresas asociadas (las fundadoras fueron Televisa, Cinépolis, Bimbo, Cemex y Lala) y han dado empleo a casi 4,532 personas. Hoy tienen 866 vacantes, sin embargo, hay 9,234 personas registradas en su bolsa de trabajo, la mitad de ellas con licenciatura u otro grado más. 

“Los números son grandes, pero pocos frente a la necesidad”, dice Fernando Estrada Franco, su director. Comparte que una de las principales lecciones en estos casi tres años de trabajo es que no hay que abrir “empleos especiales”, sino todas las vacantes para PcD pese a resistencias iniciales de las empresas. Una vez que hay un caso de éxito, es mucho más fácil que otras sigan. 

“Tristemente la inclusión no es prioridad para nadie, aunque esté dentro de los valores de la empresa”, dice. Añade que hay muchas PcD que se quedan cortas en habilidades, por eso también impulsan capacitaciones específicas con organizaciones de PcD, universidades y centros de trabajo. Un buen ejemplo es Fhadi con la Universidad del Valle de México en HSBC. 

Ellos crearon los protocolos de inclusión para las empresas que indican cuál es el camino correcto para avanzar y motivarlos. Confía en que entre más PcD haya en una empresa, ellos mismos pueden luchar por su inclusión y las de otros. “Implica cambiar la cultura de la empresa primero, por eso somos afortunados de haber nacido dentro del CMN: ayuda que los jefes estén convencidos”. 

En México se ha discutido en ponen una cuota obligatoria de contratación para PcD en empresas, sin embargo no se ha legislado y solo que las instalaciones sean accesibles para empresas de 50 empleados o más. Estrada no está de acuerdo, podría ser contraproducente: “Primero hay que dar capacitación para que sea algo natural, sin miedos y luego poner la cuota”.

Lo público 

Durante este sexenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha atendido a 211,000 personas con discapacidad, de las cuales han colocado a 75,592 en un empleo mediante la estrategia “Abriendo Espacios”. 

Roberto Campa, titular de la secretaría, explica en una mesa con un equipo de colaboradores que hay dos partes: la primera, la creación de Centros de Evaluación para habilidades laborales que están en 30 estados y la Ciudad de México, donde psicólogos especializados diagnostican habilidades para el trabajo. La segunda es una estrategia de sensibilización hacia empresas para incluir a todo grupo en situación de vulnerabilidad y que puede resultar en un reconocimiento: el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo. 

A partir del mes de octubre de este año, la STPS planean hacer 64 ferias del empleo para PcD, dos por cada entidad federativa en el país. 

“Hacemos ver a las empresas que la inclusión de una PcD no representa un costo ni perder calidad y productividad”, dice Glenda Argüelles, directora general de inclusión y trabajo de menores. Les cuentan de los beneficios fiscales que tienen al contratarlos y que incluso la inversión en instalaciones adaptadas es 100% deducible, algo que, acepta, se conoce poco. 

Sin embargo, tras la sensibilización no hay indicadores de inclusión en México, ni seguimiento de permanencia o ascenso dentro de la empresa. Uno de los dos portales informativos, es accesible solo en 28.3%, según la empresa especializada Hear Colors, y no lo sabían. 

“La limitante de transporte es uno de los mayores problemas por los que una persona, teniendo una oportunidad de trabajo, no se coloca”, dice Donaciano Domínguez, del Servicio Nacional de Empleo. Menciona como buenos ejemplos los corredores accesibles hechos en Guanajuato y Yucatán. 

Por eso, muchas personas con discapacidad optan por el autoempleo y la secretaría ha impulsado 7,500 proyectos de ese tipo. Ofrecen de 25 a 125,000 pesos para compra de maquinaria (en algunos casos también capacitación) y si la Pyme sigue funcionando después de 12 meses, recibe la factura de los equipos. 

Hay más oportunidades de trabajo que personas preparadas o con posibilidad de llegar al centro de trabajo, acepta Domínguez. “Recién estábamos trabajando con la Fundación Manpower y Slim y nos decían: ‘tenemos vacantes, mándenme gente’, pero volteamos y no hay persona con ese perfil”. 

De acuerdo con el gobierno hay 5,176 funcionarios con discapacidad, pero dentro de un universo de 2.3 millones de personas son solo 0.22%. 

En México existe la Ley General para la Inclusión de las PcD, además firmó y ratificó, desde hace 10 años, la Convención sobre los Derechos de las PcD de la ONU. Vaya, incluso la propuso al mundo.