Suiza propuso medidas para combatir el lavado de dinero en un esfuerzo por acabar con la reputación del país como paraíso para las ganancias mal habidas.
La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, presentó una serie de reformas que tienen como objetivo aumentar la transparencia y cerrar vacíos legales, exigiendo que se declare quiénes son los “beneficiarios activos” finales de fideicomisos y compañías.
En la actualidad, Suiza es el único país europeo que carece de un registro nacional de propiedad.
Los críticos dicen que oligarcas y delincuentes de todo el mundo abusan del régimen existente en el país para disfrazar la propiedad de activos utilizando las instituciones y los conocimientos suizos.
“Un sistema sólido de protección contra los delitos financieros es esencial para la reputación y el éxito duradero de un centro financiero de importancia internacional, seguro y con visión a futuro”, dijo Keller-Sutter. “El lavado de dinero perjudica a la economía y pone en peligro la confianza en el sistema financiero”.
Suiza, que tiene una población de apenas 8.7 millones de personas, es el primer centro mundial de riqueza en el extranjero, con alrededor de 2.4 billones de dólares de activos foráneos en manos de sus bancos.
La comunidad financiera del país también desempeña un papel destacado para crear y manejar fideicomisos y estructuras offshore en otras jurisdicciones.
Keller-Sutter dijo que Suiza goza de una buena reputación internacional en materia de estándares financieros, pero reconoció que existen “lagunas”.
En los últimos meses, Suiza se ha visto sometida a una especial presión internacional para que refuerce sus controles financieros como consecuencia de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania.
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Aunque el rico país alpino se ha movido al unísono con la Unión Europea en la imposición de sanciones a Rusia, los críticos acusan a Berna de vigilar el cumplimiento de forma inadecuada.
La larga historia de Suiza como refugio favorable a los negocios y al esparcimiento para la élite rusa sigue pesando en la reputación del país entre sus pares occidentales.
En abril, los embajadores del G7 en Berna reprendieron al gobierno suizo en una carta conjunta por hacerse de la vista gorda ante las numerosos “vacíos jurídicos” de la legislación suiza —y el papel que desempeñan los abogados suizos para aprovecharlos— que, según ellos, se utilizaban para facilitar la evasión de sanciones.
Las reformas propuestas son la segunda vez en tres años que Suiza revisa sus leyes contra la delincuencia financiera. El nuevo registro de beneficiarios activos de todas las entidades corporativas y fideicomisos establecidos en el país no será accesible al público.
Pero los reguladores, el gobierno y la policía, así como los bancos acreditados y los abogados que lleven a cabo la debida diligencia, podrán acceder a él.
Una segunda serie de medidas endurecerá las obligaciones de los abogados, contadores y otros proveedores de servicios suizos. Se les exigirá que actúen con la debida diligencia con sus clientes, que lleven un registro de las comprobaciones y que informen a las autoridades oficiales de los casos sospechosos de lavado de dinero.
Todavía falta mucho para que las propuestas se conviertan en ley. Según el sistema político suizo, basado en el consenso, es necesario un periodo de consultas con partidos políticos, gobiernos cantonales y grupos civiles, incluidos los influyentes grupos de cabildeo de la banca y la abogacía. Esta consulta se llevará a cabo en los próximos tres meses, antes de que la legislación formal se presente al Parlamento el próximo año.
Los críticos advierten de que las medidas finales pueden quedar muy diluidas. Las propuestas ya recomiendan que el cumplimiento de las nuevas reglas esté “autorregulado” para los proveedores de servicios corporativos.
Recientes casos judiciales de alto perfil arrojaron una luz poco halagüeña sobre las prácticas financieras suizas y socavaron la confianza en las afirmaciones de Berna de que controla adecuadamente los flujos financieros dentro de sus fronteras.
Un tribunal de Zúrich declaró este año culpables a cuatro banqueros de alto nivel de haber facilitado el lavado de decenas de millones de dólares en dinero que, de acuerdo con los fiscales, estaba directamente relacionado con el mismo presidente ruso, Vladímir Putin.
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