La pandemia del covid-19 aumentó la pobreza y la exclusión social que existe en México; no obstante, el aumento del gasto social disminuyó el impacto en el empleo, las ventas minoristas y la pobreza, pero si el gasto es mayor y más eficiente reduciría las brechas socioeconómicas, mitigaría las cicatrices económicas de la pandemia y fomentaría una recuperación inclusiva, aseguró el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un documento, el FMI refirió que en 2018, alrededor del 42 por ciento de la población mexicana vivía en la pobreza, con una gran variación entre los estados, y antes de la pandemia, 40 por ciento de los hogares con niños o adolescentes no tenía acceso a la protección social, porcentaje superior al promedio latinoamericano, a lo que se suma que el gasto en salud pública y educación está por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante esta situación y reconociendo el desafío de la pobreza, resaltó el FMI, en 2019 el gobierno federal introdujo cambios importantes en los programas sociales, centrándose en la cobertura universal y las pensiones sociales (no contributivas), así como en el apoyo a los indígenas, los adultos mayores y personas con necesidades especiales. Particularmente, destacan las pensiones para adultos mayores y en educación.
Señaló que estos cambios dieron como resultado un aumento del gasto general en asistencia social, de 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2018 a 2.1 por ciento del PIB en 2019.
Para 2020 y antes de la pandemia, agregó el organismo internacional, el gobierno ya había presupuestado aumentos en el gasto del programa social, pero además respondió a la pandemia aumentando el gasto en salud y el apoyo presupuestario directo a hogares y empresas, en un 0.7 por ciento del PIB.
Explicó que si bien esta fue una cantidad modesta en comparación con otras economías de mercados emergentes, “nuestro análisis a nivel estatal sugiere que los aumentos del gasto en programas sociales en 2020 mitigaron, en cierta medida, el impacto negativo de la pandemia en el empleo, las ventas minoristas y la pobreza laboral (el porcentaje de población con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta de alimentos).
Retos
Pese a esto, advirtió el FMI, las vulnerabilidades sociales aumentaron con la pandemia, pues la tasa de pobreza se elevó de 41.9 a 43.9 por ciento entre 2018 y 2020, mientras que los que no tienen acceso a los servicios de salud se dispararon en 12 puntos porcentuales de la población.
Sin embargo, “sin las transferencias sociales, los indicadores de pobreza habrían empeorado aún más, a 45.9 por ciento. En otras palabras, las transferencias sociales evitaron que otros 2.5 millones de personas cayeran en la pobreza, aunque es probable que las familias pobres se vean más afectadas por las posibles cicatrices económicas de la pandemia (por ejemplo, pérdidas de aprendizaje debido a las grandes brechas en el acceso a Internet entre los grupos de ingresos)”, apuntó.
Más gasto social
En este contexto, el organismo que dirige Kristalina Georgieva aseguró que en México, un gasto social mayor y más eficiente sigue siendo esencial para reducir las brechas socioeconómicas y asegurar una recuperación inclusiva, especialmente si se combina con reformas que mejoren el empleo y reduzcan la informalidad y cerrar las brechas de cobertura y limitar la fragmentación en los programas de asistencia social sigue siendo una prioridad.
Por tanto, abundó, un registro único de beneficiarios y una capacidad administrativa fortalecida podrían reducir las superposiciones y mejorar la focalización del gasto, y dada la gran variación entre los estados en educación y salud, se debe dar prioridad a un mayor acceso a los programas en los estados más pobres y entre las poblaciones más desfavorecidas.
En educación, la inversión en equipos, instalaciones, tecnología de la información e infraestructura moderna ayudaría a mantenerse al día con la evolución de la demanda laboral. Para aliviar las preocupaciones fiscales, el mayor gasto social podría estar respaldado por una mayor recaudación de impuestos a mediano plazo para garantizar que la deuda pública disminuya con el tiempo.
srgs