A siete meses del bloqueo en la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, la minera canadiense, Americas Gold and Silver, anunció que concluirá su contrato laboral con sus más de 327 trabajadores y mantiene suspendidas sus operaciones por dicho bloqueo con pérdidas superiores a los 20 millones dólares, incluyendo el pago de impuestos y nómina.
Las operaciones fueron suspendidas luego de que un grupo de individuos, encabezados por Yasser Beltrán, protegido del senador Napoleón Gómez Urrutia, tomó y bloqueó ilegalmente las instalaciones.
A través de su subsidiaria Triturados Mineros del Noreste, la minera dio a conocer a sus empleados que además del bloqueo “se suma una serie de actos vandálicos y engañosos que, también dañándonos a todos nosotros, ha venido efectuando un individuo de nombre Yasser, quien al parecer ha negociado vender el voto de ustedes a los obscuros intereses de un grupo sindical subversivo”.
Por lo anterior, señaló que “no existen condiciones para operar sin amenazas, extorsiones y violencia, tanto la empresa como su propia libertad de asociación sindica que siempre habían existido hasta la aparición de los nefastos personajes mencionados, amén de las pérdidas económicas tan grandes que tanto nos afectado a la empresa como a los trabajadores y la propia comunidad de Cosalá”.
En este sentido, la subsidiaria mexicana dio por terminada colectivamente las relaciones individuales de trabajo en base a el artículo 434 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ante la imposibilidad de continuar operando y mantener las relaciones laborales con sus trabajadores.
Una vez concluidos los días de asueto de las autoridades del trabajo, anunció que procederá a dar el aviso respectivo y agotar el procedimiento legal previsto, a fin de llevar a cabo los pagos de liquidaciones a los trabajadores que pudieren llegar a determinarse.
La minera indicó que el conflicto laboral es un intento de despojo por parte de un grupo de individuos, que de manera ilegal buscan apoderarse del contrato colectivo de trabajo y tomar el control de otras decisiones estratégicas de la mina. La empresa presentó diversas denuncias ante la fiscalía de Sinaloa, sin embargo, no han sido atendidas afectando la propiedad privada y el estado de derecho.
En entrevista previa, Armando Ortega, presidente de la Mining Task Force de la Cámara de Comercio del Canadá en México (Cancham) comentó que este caso en Cosalá es un ejemplo de la economía de la extorsión.
“Un sindicato nacional a través de la extorsión y de bloqueos amedrenta a empresas, personas e instituciones por vías no legítimos busca hacerse del contrato colectivo”. Lo que importa es cómo se reacciona ante ellos a través del estado de derecho y de medidas jurídicas que puedan contrarrestar este tipo de medidas, explicó.
MRA/lvm