Para que los programas sociales tengan un mayor efecto en el combate a la pobreza y desigualdad, especialistas consideran que se debe ajustar en el paquete económico para que el destino de los recursos se apliquen de manera focalizada.
Claudia Sámano Robles, profesora-investigadora de la División de Estudios sobre Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que con base a las evaluaciones como la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es posible aplicar cambios.
“Aunque la dispersión de recursos puede que favorezca a la población de los deciles más altos, lo cierto es que son más los beneficios que los problemas que se puedan tener, porque sin esos apoyos muchas familias marginadas no podrían haber enfrentado la alta inflación del año pasado que superó el 8.0 por ciento, ni la crisis de la pandemia que significó el cierre de miles de negocios y pérdida de empleos”, precisó.
Asentó que lo prudente para un mejor aprovechamiento de los recursos gubernamentales es evaluar las necesidades de cada uno de los hogares para atender en lo posible sus carencias sociales como son vivienda, salud, nutrición y educación.
“Este es el mejor camino para que las transferencias monetarias tengan un impacto mayor y se avance en el combate, sobre todo, de la pobreza extrema que aunque aumentó marginalmente no deja de ser preocupante”, dijo.
La académica puntualizó que en lo que si se queda mucho a deber es en acceso a la salud por la exclusión de 30 millones de mexicanos debido al proceso de transformación en el sistema universal que implicó la desaparición del Insabi para trasladar los servicios al IMSS-Bienestar cuyo reto es incluir a los 32.2 millones de personas que trabajan sin protección social y sin derechos laborales.
La coordinadora de análisis de “México Como Vamos”, Adriana García Hernández, dijo que, por mantener una estrategia de protección social no focalizada, las transferencias monetarias gubernamentales están beneficiando más a la población de mayores ingresos al ampliarse de nueve al 26 por ciento el número de hogares de entre los deciles 7 y 10 que reciben esta clase de apoyos, mientras que el universo de los más vulnerables con ese beneficio disminuyó de 57 a 45 por ciento, lo que explica el marginal avance en la disminución de la pobreza moderada y aumento de la pobreza extrema.
“La disminución de la pobreza moderada que de acuerdo al Coneval pasó de 42 al 36 por ciento entre 2018 y 2022 permitiendo que 5.1 millones salieran de esa condición de subsistencia, es siempre una buena noticia, pero no corresponde al cuantioso presupuesto que se destina debido a que la dispersión de recursos no ha logrado ser focalizada”, subrayó.
Y prueba de ello es que a pesar de que el presupuesto para programas sociales ha aumentado sistemáticamente para llegar a este año a los 865 mil millones de pesos, la población en pobreza extrema donde persisten graves deficiencias nutricionales no disminuyó, sino por el contrario aumentó de 8.7 a 9.1 millones de personas que en muchos casos no reciben ninguna transferencia gubernamental.
La investigadora expuso que de los 37 millones de hogares en el país, alrededor de 50 por ciento reciben algún tipo de apoyo gubernamental, sobre todo el que se refiere a la pensión de adultos mayores que absorbe el 38.8 por ciento del presupuesto social, pero es en los deciles más bajos, entre el uno y el cuatro, donde han venido a menos las transferencias monetarias por falta de información a los posibles beneficiarios o un censo en lo específico.
Tan sólo para ejemplificar, precisó, en el decil uno se tienen 3 millones 756 mil hogares con un ingreso per cápita mensual de mil 191 pesos, contra el costo de la canasta básica de 2 mil 100 pesos, lo que explica el avance marginal en el combate a la pobreza extrema.
Necesario crear padrón
En su reporte de medición multidimensional de la pobreza, el propio Coneval reconoce que la población de los deciles altos es la que más se está beneficiando con las transferencias monetarias del gobierno por lo que para garantizar que los recursos lleguen a las personas y familias que más lo necesitan propone se cree un padrón único de beneficiarios ajeno a presiones políticas y electorales.
Resalta que no obstante que el presupuesto social se incrementó sustancialmente, éste no logra modificar las condiciones de pobreza de millones de mexicanos como es el caso de la población indígena que en 90 por ciento presenta una carencia social sin oportunidades económicas y sin servicios educativos y de salud.
En 2022 dos terceras partes de la población indígena vive en condición de pobreza y más de una cuarta parte en pobreza extrema, es decir sin acceso a los alimentos básicos. Esta tasa de pobreza extrema es 4.5 veces más que la de personas no indígenas.
Además, precisa, el desplome de los servicios de salud afecta sobre todo a este sector de la población que pasó del 15 al 57 por ciento con carencia de acceso a clínicas y hospitales públicos.
Por igual, pese a que se han invertido más de 95 mil millones de pesos en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que implica atención a 2.5 millones, poco ha cambiado la realidad de esas personas pues a fines de 2018 antes de que iniciara, el 18.7 por ciento de jóvenes de entre 18 a 29 años estaban fuera de la escuela y sin trabajo; cuatro años después, de acuerdo a mediciones del Coneval, son el 16.5 por ciento, es decir una reducción de sólo 2.2 puntos porcentuales que equivale a 139 mil jóvenes por año en promedio, lo que sugiere que las transferencias monetarias no han tenido el impacto pretendido.