ManpowerGroup estima que el acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y el sector privado en materia de subcontratación de personal, también conocido como outsourcing, más de 3 millones de trabajadores perderán oportunidades laborales y solamente un millón podrá ser contratado por las empresas.
De acuerdo un análisis que realizó ManpowerGroup, al tomar como base los 4 millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y con las intenciones de contratación de las empresas donde sólo 30 por ciento de los trabajadores subcontratados pasaría a ser empleados de base, 60 por ciento pasaría a esquemas sin seguridad social y 10 por ciento se perdería o pasaría a esquemas de evasión o informales.
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Así, sólo 1 millón 380 mil empleados podrían ser contratados como base por las empresas, mientras que 2 millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social y 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing.
La firma especializada en recursos humanos refirió que, si bien con el acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y el sector privado hay un panorama más claro para la toma de decisiones en torno a la contratación de personal y generación de empleo, prohibir la actividad no cierra los caminos a las malas prácticas de contratación que existen en el país y que vulneran el derecho laboral y social de los trabajadores.
Además, las contrataciones por vías semiinformales generarían el cumplimiento con el pago de impuestos pero alejaría a las personas de acceder a la seguridad social y prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo para el bienestar que brinda un trabajo formal.
“Con ello existirían alrededor de 3 millones 220 mil personas que perderían oportunidades laborales o se emplearían sin los derechos laborales que marca la ley. Los trabajadores se verían orillados a acoplarse al mercado laboral existente, en donde el sector informal es el que podría ofrecer una vía de generar ingresos. Entonces hay una paradoja de protección de derechos sin combatir las malas prácticas y la informalidad”, expresó el director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, Héctor Márquez.
lvm