En el apogeo de la pandemia, a Naftali Bennett, entonces ministro de Defensa de Israel, se le ocurrió una idea para ayudar a contener la propagación de la enfermedad: dejar que el fabricante de spyware militar NSO rastreara todos los movimientos de sus ciudadanos.
La sugerencia del hombre que ahora es el primer ministro de Israel no fue aprobada, pero muestra los estrechos vínculos que la compañía israelí criticada por los activistas de derechos humanos por vender un software de vigilancia de grado militar a regímenes represivos tiene con los niveles más altos del Estado.
El software Pegasus de NSO, que requiere una licencia del gobierno para la exportación porque se considera un arma, en los últimos años se convirtió en una parte crucial del alcance diplomático de Israel, un rol que entró en el foco de la atención después de la revelación de este fin de semana por parte de un consorcio de periódicos que se había rastreado hasta los teléfonos celulares de 37 periodistas, abogados y activistas políticos. El software convierte los teléfonos en dispositivos de escucha mientras revela su contenido encriptado.
“A partir de la década de 1950, Israel utiliza sus ventas de armas para obtener ganancias diplomáticas, lo único que cambia son los nombres de los países”, dijo Eitay Mack, un abogado israelí de derechos humanos que desde hace años trata de que se cancele la licencia de exportación de NSO.
Si bien las recientes filtraciones de los medios informativos sobre Pegasus provocaron la indignación internacional, las críticas en Israel fueron silenciadas. El reportaje “parece tendencioso, con una motivación comercial”, dijo el legislador Yair Golan, un ex subjefe militar, saltando al apoyo de NSO en un discurso televisado.
El cofundador y director ejecutivo de NSO, Shalev Hulio, negó las conclusiones del consorcio, en las que alegan que el spyware de NSO se utiliza contra miembros de la sociedad civil, líderes de la oposición y personas sin conexión con el terrorismo o la delincuencia.
“Afirmamos categóricamente que estos no son objetivos de Pegasus”, dijo Hulio a Financial Times, y prometió cerrar los sistemas de cualquier cliente que se demuestre que infectan dispositivos que pertenecen a periodistas o miembros de la sociedad civil.
El juguete que todos quieren
En los últimos años, Israel ha cortejado a países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Arabia Saudita para que mejoren las relaciones bilaterales, ofreciendo cooperación clandestina en el ámbito de seguridad contra enemigos regionales comunes, desde la Hermandad Musulmana hasta Irán.
A medida que los países se acercaron, grupos como Amnistía y Citizen Lab han rastreado las crecientes intrusiones de Pegasus en los teléfonos de periodistas, disidentes y activistas en la región.
“Es como el juguete que todo oficial de inteligencia quiere”, dijo una persona involucrada en la presentación de argumentos de venta de productos NSO en el Golfo. “Les encantan las demostraciones, les encanta que sean de Israel”.
De igual manera, se han documentado ataques de Pegasus contra críticos de los gobiernos de Hungría, India y Ruanda, ya que el ex primer ministro Benjamin Netanyahu buscaba alianzas con sus líderes de derecha.
Desde hace años Israel ignora los llamados de un Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de Expresión, y otros, para establecer una moratoria en la venta de spyware y regularlo mejor.
El director ejecutivo de NSO rechazó cualquier sugerencia de que los productos de la compañía hayan sido aprovechados por Israel en el extranjero. “No somos herramienta de diplomacia, somos una empresa comercial, nuestros accionistas son capital privado de Reino Unido”, dijo Hulio, refiriéndose a Novalpina Capital.
Gobierno, ansioso por ayudar
Los que han luchado contra la influencia de NSO en Israel dicen que la compañía cuenta con un fuerte apoyo de los círculos jurídicos y políticos israelíes.
Un juez israelí impuso una orden de guardar silencio a los activistas de derechos humanos mexicanos para que su demanda contra la empresa pudiera ser escuchada en secreto.
Un juez con una larga trayectoria en inteligencia militar está supervisando un caso presentado por un disidente saudí y amigo del columnista asesinado del Washington Post, Jamal Khashoggi. El amigo afirma que NSO sabía que su propio teléfono estaba siendo atacado; el juez se ha negado a recusarse.
“Tengo la impresión de que el gobierno está ansioso por ayudarlos, en especial cuando se trata de mantener el debate lejos de cualquier escrutinio público”, dijo Alaa Mahajna, abogado principal de ambas demandas.
“Las empresas deben ser consideradas responsables de la peligrosa tecnología que venden, pero la forma más eficiente es la prevención y, por desgracia, solo el Ministerio de Defensa puede hacer eso”.
NSO no ha ocultado sus vínculos con el gobierno israelí. En 2019, sus abogados argumentaron en un caso judicial que revelar su lista de clientes “perjudicará las relaciones exteriores del Estado”. En una presentación separada, la compañía también indicó que el propio gobierno israelí usa la tecnología de NSO. Gran parte de su personal pertenece a unidades de inteligencia militar de élite.
NSO contrató asesores occidentales de renombre, entre ellos Tom Ridge, ex secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, y a Juliette Kayyem, secretaria adjunta del mismo departamento. Su actual ofensiva de relaciones públicas la lidera el ex censor jefe del ejército israelí.
A veces, el gobierno israelí ha intervenido para dirigir las ventas de la empresa, dijeron dos personas con conocimiento del tema, en especial después de escándalos de alto perfil, como cuando agentes saudíes mataron a Khashoggi en Estambul en octubre de 2018.
NSO detuvo un contrato con Arabia Saudita en medio de las acusaciones de que su tecnología se había utilizado para rastrear a Khashoggi y sus asociados, pero en 2019 renovó el contrato con la aprobación del gobierno israelí.