La reforma al sistema de pensiones impulsada por Andrés Manuel López Obrador, misma que entró en vigor el pasado primero de enero, contempla mejores condiciones para aquellos trabajadores quienes se cotizan en el sistema de cuentas individuales de las que los recursos son administrados por las Afore; sin embargo, no cambia las condiciones para el total de la Población Económicamente Activa (PEA) ni tampoco mitiga la presión por el gasto que ejerce el gobierno en pensiones y jubilaciones.
Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aseguró que se trata de una buena iniciativa, toda vez que mejora las condiciones de retiro para los trabajadores con una cuenta de Afore, pero representaba una “gran oportunidad” para hacer una reforma integral y tratar de tener un sistema de pensiones homogéneo bajo una misma ley.
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La especialista recordó que en México se tiene un sistema de pensiones fragmentado y que en este momento descansa en cuatro pilares: reparto, cuentas individuales, ahorro voluntario y el pilar cero, es decir la Pensión Universal para Adultos Mayores, por lo que esta reforma solo aplica para uno solo de los pilares.
“Esta reforma es buena para la población a la que aplica, pero representa menos del 30 por ciento de la Población Económicamente Activa, es decir, solo para los trabajadores del IMSS y solo para el esquema de pensiones de cuentas individuales. Todos los subsistemas de pensiones estatales, municipales, empresas del Estado, ISSSTE y universidades se quedan exactamente igual”.
Entre los cambios más relevantes dentro de la iniciativa aprobada por el Congreso el pasado 9 de diciembre se enfoca en atender el problema de las semanas de cotización de la Ley de 1993, reducir las comisiones que cobran las administradoras y aumentar las cuotas que aportan los trabajadores y patrones a las pensiones, mientras que, en la actualidad, la presión se ejerce por los trabajadores que se pensionaron con la Ley de 1973.
“Se nos va una oportunidad de oro porque tenía una mayoría en el congreso que estaba a favor del cambio. También creemos que se está tomando esta reforma como si fuera una gran reforma cuando le hizo falta y lo más seguro es que en lo que resta del sexenio ya no se hable de cambios sustanciales”, dijo Macias.
Agregó que el costo del pilar de reparto sigue siendo muy alto para las finanzas públicas que para este año representará el gasto de 1.2 billones de pesos, es decir 1 de casa 5 pesos del presupuesto se va a este rubro, lo que dijo, limita la inversión en salud y educación a largo plazo.
Por lo que una reforma integral no sólo ayudaría a aliviar a las finanzas públicas, sino también a disminuir la desigualdad que existe entra las distintas pensiones que se entregan, tanto por cada uno de los pilares como por las instituciones, ya que algunas no corresponden al ahorro que ha hecho el trabajador a lo largo de su vida laboral.
“La falta de sostenibilidad del gasto en pensiones no va a desaparecer y el problema es que entre más gastemos en pensiones, menos vamos a gastar en salud, en infraestructura o en educación y otras cosas que necesitamos en este país para salir de la crisis y para crecer. El gasto en pensiones crece, anualmente, entre 5 y 7 por ciento real y se paga en su gran mayoría con la entrada de impuestos. Básicamente crece porque más personas se pensionan, porque las pensiones se actualizan con la inflación, porque va aumentando la no contributiva”, explicó la investigadora del CIEP.
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Alejandra Macias agregó que en los próximos años preocupa la sostenibilidad del sistema fiscal por la presión que ejerce el gasto en pensiones y que, al no haber incluido este aspecto en la reforma, la presión va a continuar y representará el dejar de invertir en el bienestar de las nuevas generaciones y la población productiva que tendrá consecuencias para el crecimiento.
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