Dar libertad tarifaria a América Móvil podría provocar que el gigante de telecomunicaciones incrementara el costo de sus servicios en 52 municipios del país donde tenga menos del 50 por ciento de participación en el mercado de internet y telefonía, fijos y móviles, a través de sus subsidiarias Telcel, Telmex y Telnor, coincidieron expertos.
El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) y la consultora especializada The Competitive Intelligence Unit (The CIU), coinciden que de entrada en que América Móvil, catalogada como agente económico preponderante (AEP) desde 2014, podría obtener un incremento varias veces mayor en la participación de mercado, el cual ya supera 70 por ciento de penetración.
“La pretendida libertad tarifaria también tendrá efectos negativos en otros segmentos de telecomunicaciones que no involucran directamente al servicio mayorista que se busca desregular”, señaló el IDET en una análisis.
El pasado 14 de junio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) culminó una convocatoria en la que llamó a cámaras del sector, empresas del sector privado y especialistas para expresar sus opiniones de la libertad tarifaria; información que fue analizada a los 30 días posteriores a la fecha.
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Con lo anterior, y con evaluaciones internas dentro del mismo Pleno de la IFT, este resolvió la viabilidad de otorgarle al agentes económico preponderante en telecomunicaciones la libertad de establecer sus propias tarifas y su aplicación en 52 municipios del país.
Por su parte, Ernesto Piedras, director general de la The CIU, lamentó que el IFT decidiera votar a favor; los operadores restantes tendrán menos oportunidades de desarrollar infraestructura y capacidad de ofrecer alternativas de servicios; además de generar un efecto nocivo al resto del mercado.
“Si aplicas esto a los grande municipios, es razonable que se van a transferir como efecto nocivo a las demás (localidades). Si pierdes competencia, no tienes capacidad de bajar precios” comentó en entrevista para MILENIO.
Además, mencionó que con el incremento tarifario se estaría violando un mandato constitucional y dejaría al mercado de telecomunicaciones en el país sin una regulación equilibrada con todos los agentes del sector.
“No es una decisión compleja, tenemos que hacer más eficientes las medidas regulatorias. Esto es un caso de captura regulatoria porque no están acatando su mandato constitucional ni el de sus cargos”, aseveró Piedras ante la decisión del IFT.
Si bien, el órgano regulador redujo el número de localidades, esto no impide al AEP pueda aplicar de manera libre el costo de sus servicios de acceso indirecto al bucle local utilizados en la provisión de internet y telefonía fija.
AT&T, Megacable y Axtel fueron algunas de las empresas que avalaron la libertad tarifaria a América Móvil; dichas compañías se negaron a emitir una postura o comentario a MILENIO por tratarse de un tema “hermético”.
AMP