Para cumplir con la transición de energías fósiles a limpias, el uso de recursos federales en Tamaulipas se convierte en una opción viable para cumplir con el objetivo de pasar a fuentes renovables, al contar con los fondos de aportaciones el capital a aplicarse en infraestructura pública necesaria, informó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
A través del proyecto denominado “Instrumentos de promoción para la transición energética (IPTEs); medidas fiscales federales y locales”, materializado con apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México (GIZ), en el caso concreto de esta entidad, la meta es encontrar los mecanismos para avanzar sin verse afectados sus ingresos.
“Este es un instrumento de planeación para la elaboración y aplicación de políticas públicas fiscales para el Estado de Tamaulipas, que incentive el proceso de transición energética desde un punto de vista local”, dio a conocer la asociación civil, cuyo documento también se expuso para estados como Yucatán, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca.
Aportaciones federales
En cuanto a políticas de ingreso, los impuestos federales como el IEPS a gasolinas y diésel, al carbono e ISAN, contribuyen a la transición energética al desincentivar el uso y consumo de los productos a los que gravan. La recaudación por estos conceptos representó el 6.6 por ciento del total en 2021.
“Acerca del gasto federalizado, en Tamaulipas el 85.5 por ciento de sus ingresos disponibles provinieron de esta fuente y es el número 21 con mayor dependencia federal el año anterior. Algunos destinos de los fondos de aportaciones pueden destinarse a acciones de inversión en infraestructura pública que promuevan la transición energética. Dado que los estados pueden disponer libremente de las participaciones, se propone reorientarlas para aprovechar los recursos solares, eólicos, geotérmicos o bioenergéticos”, dijo.
En gravámenes locales
Al analizar las finanzas estatales, si bien se identificaron responsabilidades y facultades, existen áreas de oportunidad en medidas fiscales específicas alineadas a esta transición. Por ejemplo, la Ley de Cambios Climático indica que el Ejecutivo del estado y los ayuntamientos deben estimular la adopción de patrones de producción y de consumo por parte de los sectores público, social y privado, bajos en emisiones de carbono.
Mientras la Ley para el Fomento y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía en el estado establece objetivos y mecanismos que inciden en sectores como el transporte, industrial, residencial, público, entre otros, trae consigo que los compromisos estatales implican la articulación de diversos programas y medidas que inciden en los sectores estipulados.
“Los recursos como el Impuesto sobre la Nómina (ISN), el predial y los vehiculares, representan el 51.3 por ciento de la recaudación local total. Por ello, la aplicación de incentivos fiscales para la transición energética a través de descuentos representará un riesgo para la sostenibilidad fiscal, con una reducción de uno de sus principales ingresos”, expone el CIEP.
Sin embargo, acotó, avanzar a energías limpias y renovables conlleva beneficios para el bienestar y el desarrollo sostenible al referir, además de tener costos externos de salud y climáticos inferiores a los de los combustibles fósiles, favorecen el acceso a la electricidad a bajo costo, por lo que pueden contribuir a reducir la pobreza energética.