Ante el reto que enfrenta la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir el déficit fiscal en 3.5 por ciento y la necesidad de implantar un sistema de cuidados para la población, José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), comentó que es “complejo pero posible”.
“Es un reto complejo, pero es posible, se requeriría un horizonte de universalidad, como se recomienda, y un avance progresivo, integrando servicios y prestaciones ya existentes, combinando diversas fuentes de financiamiento, incluyendo recursos de renta generales a seguridad social, impuestos específicos, aportes de las familias”, dijo.
“Lo anterior se podría complementar con políticas, medidas para ampliar el espacio fiscal, como reducir temas de evasión y elusión, reducción de gastos tributarios, fortaleciendo la imposición directa, explorando nuevos instrumentos tributarios”, agregó Salazar durante el lanzamiento del Informe Panorama Social 2024,
Aunque es una agenda compleja, una cantidad de medidas pueden sumar a la masa crítica que se requiere para ese financiamiento pese a la necesidad de consolidación fiscal.
Salazar detalló que el gasto social en desarrollo en el país representa casi 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“Estos programas benefician a más de 30 millones de mexicanos y mexicanas y efectivamente tienen una contribución muy importante para disminuir la pobreza y la desigualdad”, dijo.
“La implementación de sistemas de protección social sostenibles, que consideren la estabilidad de las diferentes fuentes de financiamiento, son por supuesto fundamentales hacia futuro”, agregó.
Además, dijo se requiere también de una política de salarios mínimos suficientes que consideren y compensen el costo de la vida y en eso México también ha dado pasos en los últimos años.
“Actualmente en México los requerimientos financieros del sector público, es decir, los gastos ya comprometidos que no son cubiertos por ingresos son equivalentes a 6 por ciento del PIB”, señaló.
“Estos son requerimientos financieros que corresponden a diversos compromisos públicos, como gasto de infraestructura y también los programas sociales y dado que hoy, en el 2024, la deuda pública representa un 50 por ciento del PIB, que es un importante incremento con respecto al año pasado 23, cuando la deuda era 46.8 por ciento se requeriría hacia adelante de un endeudamiento prolongado para continuar con el mismo ritmo de gasto”.
Salazar indicó que el panorama anterior plantea la importancia de revisar la estrategia fiscal, que sin duda es uno de los retos principales de corto plazo que enfrenta la nueva administración federal.
Agregó que para lograr la cobertura universal del cuidado infantil temprano y el de larga duración, México requiere de una inversión de 2.6 por ciento como proporción del PIB.
“Esta inversión generaría aproximadamente 32 millones de empleos para el 2035, de los cuales 11 millones en cuidado infantil temprano y 21 millones de empleos en cuidados de largo plazo”, explicó.
“Es decir, estos son datos bien importantes que demuestran, por eso es que pusimos la sociedad del cuidado y la economía del cuidado como uno de los sectores impulsores y dinamizadores de nuestra propuesta”, añadió.
Indicó que a pesar de que es un sector muy diferente de los sectores como dispositivos médicos o servicios o transición energética, es un sector económico que tiene este tipo de grandes datos e impactos positivos cuando se hacen las inversiones necesarias.
Además de que estos beneficios, como la mejora proyectada en la tasa de ocupación de las mujeres, ahí es donde está tal vez uno de los impactos más grandes, tendría un efecto relevante en la reducción de brechas de género, así como en el empleo, en la recaudación, en la inversión y en el crecimiento económico.
MRA