Por: Víctor A. Del Pozo R., Víctor M. Meade C. y Santiago Ramos M.
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C. expresó particular preocupación porque las normas impugnadas tienen por objeto, efecto o resultado generar un efecto inhibidor que limita a la organización, a sus trabajadores y a las personas que representan a ejercer, sin miedo, su derecho humano a la protesta y a defender derechos humanos. En la demanda de amparo se argumentó, de igual forma, que la indeterminación y laxitud de la ley se debe de leer en un contexto preocupante de abusos reiterados en el uso de la fuerza contra personas manifestantes y defensoras de derechos humanos, que se ve agravado por la impunidad que disfrutan los funcionarios públicos. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C. pidió a los tribunales de la federación considerar que la existencia de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza se suma al preocupante despliegue masivo de instituciones militares y militarizadas en tareas de seguridad pública.