Por: Sara Velázquez y Catalina Pérez Correa
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
Para 2019, las Fuerzas Armadas tenían presencia en la construcción y remodelación de hospitales, aeropuertos, obras en Palacio Nacional, la Agencia Espacial Mexicana y contaban con un bachillerato militarizado. También eran parte central en actividades de política social federal por medio de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto lo hacían de manera simultánea a sus actividades de seguridad, que entonces incluían: combate al robo de hidrocarburos, vigilancia de las fronteras norte y sur, traslado de víveres, distribución de fertilizantes, además de confección de banderas y uniformes para instituciones federales. Los anteriores son sólo algunos ejemplos de las 223 funciones y transferencias de presupuesto civiles dadas al Ejército desde 2007 e inventariadas por el grupo de investigadores del CIDE-PPD. A éstas habría que agregar todas las funciones nuevas que desde 2021 se les han atribuido y que van desde la administración de zonas arqueológicas, la protección de riesgos sanitarios, la ocupación absoluta de aduanas, el control de más aeropuertos, la dirección y mando de policías municipales, “prevención” de delitos de menores y la cobertura de internet a todo el país. El Inventario… muestra que si bien el Ejército ha adquirido amplias atribuciones de seguridad pública, el avance militar también se ha manifestado en obra pública, política social, política medioambiental, aviación, puertos, educación, migración, salud, protección civil y actividades que, en principio, no le corresponden al Estado, como la construcción de un helipuerto para un civil en Jalisco o la remodelación de juzgados y tribunales.