Por: Paulina Madero Suárez
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
La adopción de medidas para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como el derecho a una vida libre de violencia, no sólo es importante sino indispensable. Entre otras medidas, el uso del lenguaje incluyente es una herramienta que se ha promovido desde el movimiento feminista para lograr este objetivo. Recordemos que el lenguaje incluyente va más allá de “ellas, elles y ellos”. Es una forma de hablar y de escribir sin sesgos o tonos que reflejan visiones prejuiciosas, estereotipadas o discriminatorias de personas o grupos. La promoción del lenguaje incluyente ha sido una de esas acciones y medidas que el Estado ha adoptado gradualmente: distintas dependencias gubernamentales han desarrollado políticas públicas y acciones para impulsar mecanismos de observación de medios de comunicación a fin de combatir la reproducción de contenidos sexistas y discriminatorios hacia las mujeres, o también acciones para visibilizar su relación con un Estado democrático. En este sentido, recientemente, en abril de 2022, entró en vigor el decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 8 de la Ley General de Comunicación Social. Esta adición establece que las campañas de comunicación social de todo ente público deben, como regla, utilizar el lenguaje incluyente, libre de discriminación eliminando cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.