Por: Juan Pablo Pardo-Guerra
Ilustración: David Peón, cortesía de Nexos
Los estudios sobre ciencia muestran que, para tener un sector de innovación fuerte y efectivo, son necesarias dos condiciones. La primera es el financiamiento. Lo que ha permitido el crecimiento de innovaciones basadas en conocimiento en países de Asia, Europa y América del Norte han sido vastas inversiones en ciencia que permiten desarrollar múltiples líneas de investigación, múltiples posibilidades de hallazgos, múltiples abordajes a problemas complejos. La ciencia es una cuestión de volumen, de inversión, de masa crítica. Esto no se refleja ni en la Ley General HCTI ni en el discurso de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Por lo contrario, tanto la Ley General HCTI como las políticas del Conacyt emulan la lógica thatcheriana de austeridad, rompiendo con un viejo compromiso (nunca cumplido) de aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. México tiene menos de un treceavo de los investigadores por millón que tiene Estados Unidos (349 en México versus 4821 en Estados Unidos). Precisaríamos de una inversión de al menos un orden de magnitud mayor a la actual para siquiera imaginar un sector científico comparable. Ni las plazas, ni los laboratorios, ni los equipos, ni las becas, ni los reactivos, ni los salarios que esto contemplaría están incluidas en la Ley General. Al contrario, se eliminó la exigencia de invertir el 1 % del PIB en el sector bajo el argumento de que nunca se ha cumplido.