Por: Juan Corredor-García
Ilustración: David Peón, cortesía de Nexos
La literatura en gobernanza criminal demuestra la colusión, colaboración y cooperación entre miembros del Estado y grupos criminales. Además, existe evidencia periodística y judicial sobre “nóminas paralelas” de funcionarios del Estado trabajando para grupos armados no estatales. Su naturaleza híbrida reside igualmente por el tipo de régimen político en que el que se proyecta la violencia: federal en México, y república unitaria-descentralizada en Colombia. Por último, estos asesinatos cuentan con la omisión o con algún nivel de participación del Estado. De un lado, es innegable los altos niveles de impunidad de los homicidios. De otro lado, tanto el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (México) como la Unidad Nacional de Protección (Colombia) son estrategias precarias, inefectivas y no están lo suficientemente financiadas para proteger a las poblaciones en riesgo.