Por: Raúl Zepeda Gil y Camilo Pantoja
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
Desde 2020, cientos de comunidades rurales en Colombia han enviado cartas al presidente Iván Duque solicitando un acuerdo humanitario global que incluya un cese de hostilidades y nuevos diálogos de paz con los actores armados que operan en su territorio, Sin embargo, el saliente gobierno priorizó la militarización como la única respuesta por parte del Estado ante el repunte de la violencia, dejando tras de sí funestos resultados como el aumento de las masacres y asesinatos de líderes sociales, y la intensificación del conflicto. Sin embargo, la llegada del gobierno encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez ha abierto la posibilidad de atender el llamado de las comunidades que claman por el fin de la guerra mediante una política de paz con enfoque territorial. Además, esa posibilidad ha sido reforzada por el informe sobre el narcotráfico publicado por la Comisión de la Verdad establecida en el proceso de paz con las FARC en el que se reconoce el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de buscar alternativas, así como por el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el que recomiendan al nuevo gobierno implementar una política de desmantelamiento de los grupos armados concertada con las comunidades que garantice su protección y derechos.