Por Ana Wegier
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
En la actualidad, contamos con datos que demuestran que la información inicial proporcionada por las empresas para respaldar la liberación de estos organismos genéticamente modificados (OGM) era insuficiente y errónea. Se sabía que el riesgo de escape de semillas y polen con la nueva información genética (transgenes) hacia poblaciones silvestres y variedades nativas era alto. Esto debido a la biología de las plantas, que trasciende las divisiones político administrativas, aumentando la posibilidad de dispersión no intencional al coincidir con el manejo tradicional y la utilización de semillas como alimento para el ganado en todo el país. Las empresas lograron ejercer influencia cabildeando en el gobierno para conseguir la aprobación de la liberación, respaldada por estrategias de contención y bioseguridad provenientes de las medidas “probadas” en otros países sin diversidad local de maíz. En otras palabras, se aplicaron las medidas usadas en sitios sin un riesgo real de transferencia genética a sistemas tradicionales con razas nativas y parientes silvestres. Esta falta de precaución dio pie a lo que enfrentamos hoy: transgenes no deseados, ni aprobados y dispersos de manera irreversible en el centro de origen del maíz y también del algodón, con nuevas funciones intencionales y muchas otras poco o completamente desconocidas que alteran, desde los mecanismos de defensas de las plantas, hasta sus características reproductivas y relaciones con otros seres vivos del ambiente.