Por: Carlos A. Pérez Ricart
Ilustración: Kathia Recio, cortesía de Nexos
La recién creada Comisión para la Verdad y la Justicia 1965-1990 es parte del esfuerzo histórico por investigar, descubrir, reconocer e informar sobre la pauta de las violaciones a derechos humanos en el pasado reciente. No es ni punto de inicio ni punto de llegada; es parte de un camino largamente andado. En segundo lugar, la Comisión es un mecanismo extraordinario, como otras de su tipo. No es parte del funcionamiento normal de nuestro régimen político. Es el reconocimiento de que las formas ordinarias de acceso a la verdad y a la justicia fueron insuficientes para atender las demandas de la sociedad. Es precisamente un mecanismo extraordinario porque lo normal no funcionó, no fue suficiente, no pudo, no quiso. La Comisión, que se integrará de manera formal en las siguientes semanas, estará compuesta por los titulares de seis dependencias federales (la Subsecretaría de Derechos Humanos, las Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores, el Archivo General de la Nación, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y la Comisión Ejecutiva de Victimas) y cinco personas expertas. Tanto su composición como los lineamientos que dan base a su creación fueron consensuados y elaborados de la mano con representantes de colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia.
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