El martes, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, anunció aranceles preliminares de hasta 17% a las importaciones de azúcar mexicana. En respuesta a la denuncia presentada ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos por parte de la Coalición Estadounidense del Azúcar por supuestas prácticas comerciales desleales. De acuerdo con el documento presentado por la organización y con los resultados de la investigación solicitada por los productores estadounidenses, México incurrió en la práctica del dumping que consiste en la exportación de grandes volúmenes de un determinado bien a un precio por debajo de los costos reales de producción. Incurrir en dumping puede suceder, como acusa el gobierno estadounidenses, por contar con una producción nacional fuertemente subsidiada o bien, como advierte la parte mexicana, a causa de un excedente de la producción mundial. No hay que perder de vista que México es el único país cuya importante producción azucarera ha venido gozando de acceso prácticamente ilimitado al mercado estadounidense gracias al TLCAN. Esas mismas condiciones aplican también para la entrada a México de la fructosa estadounidense. En efecto, la medida se dio después de que una investigación solicitada por productores estadounidenses que aseguran que un alza en las importaciones colapsó los precios y afectó a la industria de ese país reduciendo sus ganancias netas por alrededor de mil millones de dólares.
La denominada guerra del azúcar no es nueva y se remonta al menos hasta 2008 cuando en el TLCAN el comercio de este producto fue liberalizado completamente entre ambos países. Con todo, esta es la primera vez que se toma una decisión de tal envergadura. El Gobierno Mexicano no tardó en mostrar su inconformidad por esta medida y si bien afirmó que buscará un acuerdo para la superación de esta disputa tampoco descartó agotar las instancias legales para proteger los intereses de México en el marco del TLCAN y la OMC. Como en otras controversias similares iniciadas a propósito de una interpretación divergente de los alcances de las distintas disposiciones del TLCAN, el gran perdedor en el corto y mediano plazos es el consumidor. Peor aún, disputas de esta naturaleza ponen en duda el compromiso de las autoridades comerciales de Estados Unidos con el libre comercio. Las mexicanas deberán acudir a un panel de resolución de controversias, idealmente en el contexto de la OMC, y exigir ahí una revisión de la investigación sobre la cual se basa esta decisión. Pero también, demandar la eliminación de estas supuestas medidas compensatorias históricamente guiadas mucho más por un intenso cabildeo de las industrias locales que fundadas en hallazgos relevantes. Representando apenas el 4% de la producción agrícola estadounidense, la industria azucarera aporta un tercio de los recursos que el sector primario destina para cabildear en el Congreso. No cabe duda que siempre es preferible un buen acuerdo que un mal pleito. En este caso, sin embargo, México tiene que hacer valer el peso de un acuerdo comercial que en dos décadas ha transformado radicalmente el panorama de intercambios y la agenda de integración económica en América del Norte. El compromiso con el libre comercio no puede mantenerse solo hasta donde se considere conveniente para una de las partes. Pero ésta, en todo caso, puede ser también una oportunidad de oro para buscar diversificar el comercio de azúcar.