1.- Los antecedentes. Al presidente López Obrador no le preocupó la corrupción o el elitismo en el Poder Judicial mientras pudo dictar las decisiones de la Suprema Corte respecto de sus asuntos prioritarios, gracias a la subordinación de quien la presidía y al apoyo de sus amigos. No impulsó ninguna reforma judicial y sí aplaudió la realizada en 2021, que nada tenía que ver con la elección de juzgadores. Fue hasta el final, cuando se dio cuenta de que la nominación presidencial de ministros no es garantía de obediencia, que discurrió pasar a la judicatura por las urnas no para depurarla sino para controlarla, y de paso correr a quienes osaron desafiarlo.
2.- El diseño. La reforma de AMLO está hecha para teñir las togas de guinda mediante tres trucos. El primero es el mecanismo de postulación de candidatos, que asegurará que él y/o Claudia Sheinbaum tengan una Corte a modo: pondrán a todos los del Ejecutivo y a la abrumadora mayoría del Legislativo y del Judicial. El segundo, que le permitirá escoger jueces y magistrados, es el voto por consigna partidaria propiciado por la cantidad de boletas —decenas— y de candidaturas —miles—, puesto que el votante no conocerá a las personas postuladas y apenas tendrá tiempo para escribir los nombres o números que le indiquen de los siervos de la transformación. El tercero es la maquinaria electoral de Morena, que se encargará de movilizar a los electores adoctrinados.
3.- Los resultados. La reforma no limpiará los tribunales y no hará la justicia expedita ni cercana a los pobres porque no incluye ningún cambio con esos propósitos: no contempla más recursos ni mejor organización ni dispone potenciar —esto es muy significativo— la defensoría de oficio.
4.- El desastre. La abyección de darle a AMLO su “regalo de despedida” provocará un caos judicial, porque se aprobará sobre las rodillas y sin leyes secundarias un desatino legislativo de proporciones épicas. Peor aún, la corrupción seguirá igual, pues la reforma no pretende combatir a los corruptores sino pasarlos por una aduana de militancia: si hoy existen juzgadores cooptados por políticos, abogados, empresarios o narcos, mañana también existirán —hace mucho que el pueblo elige diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y presidentes y eso no ha impedido que abunden los corruptos— pero uniformados por una comisión de disciplina que castigará la desobediencia. Es decir, un politburó hará la última criba: la cooptación requerirá el aval de la 4T y quienes no acaten sus órdenes serán proscritos.
5.- Es el poder, estúpidos. AMLO no quiere jueces, magistrados y ministros imparciales; los quiere militantes. Ha dejado claro que no cree en la imparcialidad ni en la independencia: solo se puede estar a favor o en contra de la “transformación”. Lo mostró una vez más en la mañanera cuando recibió a “periodistas independientes” que lo ovacionaron a rabiar. Ni siquiera desea un poder judicial ideologizado como el periodismo de Flores Magón; lo quiere sometido, con personajes que emulen a los youtuberos aduladores, o a la devota titular de la CNDH, o a los legisladores que aplauden sus ocurrencias y cumplen sus caprichos.
El culto a la personalidad es una enfermedad social que engendra servilismo. Y el servilismo no transforma: envilece.