Son ya siete años desde que la tierra nos sacudió a los poblanos y enfrentamos la fuerza de la naturaleza con un terremoto de 7.1 grados que, por un lado mostró el lado solidario de la sociedad y por el otro, desenmascaró el perfil mezquino de la autoridad.
Mala la derecha de Peña Nieto y peor la izquierda de López Obrador.
En septiembre de 2017, en el ocaso del ultimo sexenio priista y cuando la entidad era gobernada por el entonces panista Tony Gali, ocurrió el sismo que dejó 41 personas muertas, más de 100 heridos y 11 mil viviendas damnificadas, especialmente de la zona centro y región de la mixteca.
En aquel tiempo, existía el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que sirvió no para atender a la población sino para enriquecer los bolsillos de los funcionarios federales y estatales, como ocurrió en Puebla con quien entonces era el encargado de la reconstrucción a través de la Sedeso, el hoy fallecido Gerardo Islas, a quien la Contraloría investigó por un desvío de 17.6 millones de pesos.
Una vez que Morena asumió el poder, en lugar de ajustar las reglas de operación, desapreció el Fonden y seis años no fueron suficientes para reconstruir lo que el sismo destruyó; para muestra tenemos el hospital de San Alejandro. Quien diga que el presidente López Obrador quiere mucho a Puebla, debería voltear a la 10 Poniente 2721 para constatar que nos quedó a deber un nosocomio, tan necesario para la población.
Tema aparte es la política de prevención donde, como Milenio Puebla recién publicó, más de la mitad de los municipios de Puebla no cuentan con un atlas de riesgo, tomando en cuenta que la entidad se encuentra asentada en una zona sísmica, tiene un volcán activo, hay zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones, continúa la perforación de ductos, entre muchos otros fenómenos.
Si nos tocara enfrentar un nuevo desafío por un fenómeno natural, no hay condiciones de poder reconstruir lo destruido en el corto plazo porque no se cuenta con un fondo para atenderlo y los que hay, son inoperantes.
Para muestra, basta recordar la tragedia ocurrida en San Pablo Xochimehuacan donde una explosión de ductos de gas LP provocó la muerte de 5 personas, hubo 17 lesionados y 115 viviendas afectadas, algunas de ellas consideradas perdida total. A tres años del siniestro y por recomendación de la CDH, el ayuntamiento de la capital aprobó la compra de un predio para la construcción de nueve viviendas.
Dios quiera que no pase nada, pero sí pasa, que nos agarre confesados.