El glifosato es el herbicida químico más usado en el mundo, sin embargo, investigaciones recientes encabezadas por la Dra. Regina Montero Montoya, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, han comprobado que tiene afectaciones dañinas en el ADN humano; además, la Organización Mundial de la Salud lo consideró como posible agente cancerígeno. En México, hemos apostado por encontrar alternativas que sean agroecológicas y que, sobre todo, protejan la salud de todas y todos los mexicanos.
Durante la conferencia de prensa de la semana pasada, “Atención al Decreto para prescindir del glifosato en México”, organizado por el Conahcyt, la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Agraria, se dejó en claro que ya existen opciones para dejar de importar este químico. Sin embargo, aún faltan aprobaciones y trabajo institucional en conjunto.
Según datos recientes, México importará 22 millones de toneladas de maíz este año. En estados como Sinaloa se prevé una caída de la producción de 3.5 millones de toneladas como resultado de la sequía que azota buena parte del país. Esta situación no se supera apostando a políticas agroalimentarias dependientes de agrotóxicos y del maíz transgénico que, si bien intensifican el ritmo de crecimiento de la planta, incrementan la cantidad de granos y aumentan el tamaño de la mazorca, resultan soluciones a corto plazo que no rompen con el ciclo de deterioro del suelo ni con dependencia de los campesinos hacia las llamadas semillas “mejoradas” y los fertilizantes químicos. La solución que necesitamos es una que apueste por restablecer un equilibrio entre la capacidad regenerativa de la tierra y las necesidades sociales.
La iniciativa de reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicano del presidente López Obrador incluye la obligación de las autoridades de todos los niveles de:
“impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas […] mediante planes de desarrollo que fortalezcan sus economías y fomenten la agroecología, los cultivos tradicionales, en especial, el sistema milpa, las semillas nativas, los recursos agroalimentarios y el uso óptimo de la tierra, libres del uso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos”.
Así como en otra iniciativa presidencial se pretende prohibir el fentanilo que envenena a miles de personas, principalmente en Estados Unidos, es urgente prohibir el uso del glifosato, que envenena los cultivos, las tierras y las aguas del territorio mexicano. Fomentar el uso óptimo de la tierra también supone impulsar la investigación y la innovación en prácticas agroecológicas y la rotación de cultivos, para así conservar la diversidad agroalimentaria, sin caer en la ilusión productivista de los monocultivos que, a la larga, empobrecen la tierra y la vida.
Prohibir el uso de agrotóxicos y el maíz transgénico, así como impulsar el sistema milpa, la práctica tradicional de selección e intercambio de semillas nativas, cultivos como el amaranto, huertos frutales y de plantas medicinales, es no solo reconocer su relevancia para la identidad pluricultural de nuestro país, es apostar por la reconstrucción integral de nuestros pueblos indígenas, por la salud, la alimentación suficiente y nutritiva, por la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de la nación, ante los embates de la mercantilización de la vida y los intereses corporativos transnacionales. Porque sin maíz no hay país, tenemos el deber histórico de aprobar las reformas constitucionales que garanticen bienestar y justicia para nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.