La Secretaría de Energía (Sener)ha publicado una nueva política de confiabilidad para la red eléctrica, un acuerdo que suma en el mismo sentido al recién emitido por parte del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el pasado miércoles 29 de abril.
En ambos acuerdos hay extralimitación de facultades y el proceso para su publicación ha dejado más interrogantes que certezas.
Esta política busca controlar el funcionamiento y entrada de las energías renovables, desequilibrando la competencia aparentemente en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE);una situación en la que todos los actores involucrados, incluyendo los consumidores, salen perdiendo.
Disipar el interés del mercado global y generar incertidumbre para invertir en el sector energético mexicano, resulta irresponsable y aventurado. Significa que hay que aumentar la presión sobre la CFE para cumplir con la demanda eléctrica nacional, lo que implica gastar dinero que no hay, mediante tecnología prácticamente obsoleta.
De hecho, en el escenario global actual, lo óptimo es hacer exactamente lo contrario, complementar la generación de energía eléctrica con inversión privada, a través de fuentes renovables para garantizar un mercado eléctrico robusto respetando el marco jurídico mexicano, en armonía con la política energética internacional de la cual México forma parte.
En la inyección de energía eléctrica a la red nacional se debe prevalecer un criterio económico; es decir, quien genera energía más barata debe tener preferencia para inyectar esa electricidad.
Las energías renovables tienen un costo muy bajo (siendo el costo marginal prácticamente cero), por lo que debe despacharse primero; posteriormente, entran en función centrales de la CFE, que se alimentan de recursos convencionales para garantizar continuidad en el suministro.
El meollo del asunto es que, ante una supuesta baja significativa en la demanda eléctrica por el coronavirus y la acumulación de combustóleo en las instalaciones de Pemex, la secretaria de energía quiere cambiar esa regla de manera arbitraria, para darle preferencia al despacho de la energía eléctrica de la CFE; energía que tiene un costo mayor en su generación y que es sumamente contaminante.
Esto resulta ser una medida que afecta directamente a los consumidores pues al ser más cara la generación, la tarifa eléctrica se encarece y es el mismo dinero de los contribuyentes el que se usa para ampliar un subsidio eléctrico que ha rebasado ya en años anteriores los 70 mil millones de pesos; dinero que el Estado mexicano podría destinar a infraestructura, salud y/o educación.
La supuesta política energética no ha ponderado variables que son igual o más importantes que la intermitencia de la energía renovable, un asunto que ha sido superado con avances tecnológicos en varios sitios en el mundo (analizar caso particular de Texas).
La competencia, los costos y tarifas, la seguridad jurídica, la transparencia y la cuestión ambiental no están siendo tomados en cuenta en los criterios y afectan directamente al consumidor.
Con esta política energética nuestro capital natural seguirá malgastándose y por ende la calidad de vida de los mexicanos. La creación de empresas productivas del Estado pretende generar bienestar a los gobernados y mejorar su calidad de vida.
La CFE debería estar explorando nuevas oportunidades de negocio,concentrándose en temas relevantes como son la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Empero, la reciente toma de decisiones no abona en ese sentido, pareciera ser que, con este gobierno, somos los contribuyentes los que estamos al servicio de la CFE y de Petróleos Mexicanos y no viceversa.