En el pasado mes de junio se registraron cerca de 13.2 millones de personas desempleadas, de acuerdo con la última encuesta telefónica de ocupación y empleo realizada por el INEGI. La pandemia generada por el COVID-19 agravó la situación que ya venía arrastrando el país en años anteriores pues en el mismo mes del año pasado, la cifra alcanzaba los 5.6 millones de desempleados.
De igual forma, en años recientes, se han venido gestando cambios significativos en la economía global por la implementación de la industria 4.0 (que en términos generales consiste en la automatización inteligente en la producción de bienes y servicios), además del emprendimiento de iniciativas en la lucha contra los efectos del cambio climático.
México tiene que asumir estas nuevas realidades para no verse en desventaja frente a los países que ya han puesto en marcha la descarbonización de sus economías. Ahora más que nunca, el Estado mexicano debe impulsar y diversificar los sectores de la economía para cumplir con su obligación constitucional establecida en el artículo 123, referente a la promoción y creación de empleos y a la organización social del trabajo.
Y no es para menos, pues de acuerdo con el informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo – Tendencias 2018” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cumplimiento del Acuerdo de París creará 24 millones de empleos en el mundo paulatinamente hasta el año de 2030. La llamada economía verde será el nuevo motor del empleo; sólo la energía basada en fuentes renovables originará 2.5 millones de nuevos puestos de trabajo.
En contraste, menciona el mismo informe, la extracción del petróleo y refinación serán algunos de los sectores que se verán afectados negativamente, con la pérdida de un millón de puestos de trabajo. A manera de ejemplo, el entonces Subsecretario de Fomento a las Empresas de Tabasco, informó que, durante la crisis de la caída de los precios del crudo, en el transcurso de los años 2015 y 2016 se perdieron 30,000 trabajos en la industria petrolera de ese estado; Tabasco fue uno de los más afectados por el menor dinamismo en este sector de la industria.
En este mismo sentido, el informe “El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe”, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OIT, publicado en el presente año, señala que los servicios públicos en algunos países de América Latina ya están adquiriendo electricidad solar y eólica por tan sólo 3 centavos de dólar por kilovatio hora (kW-hora); el costo más bajo a nivel mundial para la generación de energía de cualquier fuente.
Las manifestaciones climatológicos extremas, han sido cada vez más recurrentes como consecuencia de las actividades de los seres humanos. A través de la agricultura, la ganadería y la quema de combustibles fósiles, se han ido alterado los microclimas alrededor del mundo. Si desde el punto de vista técnico y económico es viable aumentar las energías renovables, ¿porqué no invertir en la infraestructura que permita transitar hacia una industria energética más limpia? Si el sector primario, es de vital importancia para el bienestar de la población, ¿por qué no hacerlo mediante prácticas regenerativas que protejan la flora y fauna silvestre? Los cambios que se dan en la forma de organización de la sociedad no son visibles en el corto plazo, pero sería conveniente que la historia se encargue de hacer notar de la fecha (incierta) en que juntos, Estado, comunidad científica y sociedad civil acordaron transitar hacia un futuro diverso, inclusivo y sustentable.