nicholas J. Polizzi, autor de the Sacred Science, comenta que alrededor del 25% de los tratamientos más efectivos contra enfermedades como la leucemia y la malaria tienen que ver con componentes de hierbas y plantas situadas en la selva tropical del amazonia. Y eso que de cerca de 80 mil especies de plantas que se tienen identificadas, solamente se han estudiado alrededor del 3%. Aunado a lo anterior, son cada vez más los científicos que demuestran que alejarnos de la naturaleza es un grave error que pagamos con nuestra salud. En ese mismo sentido, resulta inminente que toda autoridad responsable de las políticas públicas de un país, sobre todo la energética, pondere a la salud y a la naturaleza como variables prioritarias en su toma decisiones, eludiendo interrumpir la capacidad del ecosistema para restaurase por su propia cuenta.
En México, desafortunadamente el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende desmantelar la industria de energías renovables por la existencia de algunos proyectos que vienen de etapas tecnológicas y jurídicas anteriores a la reforma energética. Desinforma al decir que las renovables son un atraco a la nación. Más bien debería ver hacia adelante y explicar los diferentes modelos contractuales que permite el marco jurídico actual para la generación de energía eléctrica limpia y de bajo costo.
Según información de la Comisión Reguladora de Energía, la inversión requerida en generación eléctrica para el 2019 fue de 160 mil millones de pesos; el presupuesto de egresos de la nación, con la cancelación de la última subasta de largo plazo, solo contempló 21 mil. Esto resulta insuficiente para cubrir las necesidades que requiere el sector eléctrico del país a futuro. Sin inversión privada en renovables, solo contamos con proyectos públicos limitados, alimentados en su mayoría por recursos fósiles de mala calidad, propiedad de la CFE.
Y es que la naturaleza jurídica de la CFE, al ser pública, es la de coadyuvar en la estabilidad de una industria, que permita la participación equilibrada e inversión de capitales adicionales. Los ajustes que pretenden no hacen más que reducir el espacio del libre mercado aparentemente para sustituirlo por presupuesto público, contratos de obra y asignaciones directas. Eso no es soberanía energética.
México tiene un alto potencial eólico y solar para generar energía, recursos que no contaminan al medio ambiente y cuyo avance tecnológico de los últimos años ofrece los precios más bajos de los cuales se tenga registro. El eólico está concentrado en algunas zonas geográficas, por lo que es necesario contar con capacidad de transmisión para llevar esa energía a donde se consume. A diferencia de las declaraciones del titular de la CFE, Pablo Zárate y Víctor Ramírez, analistas del sector energético coinciden en que CFE Transmisión y Distribución obtuvo utilidades de más de 18 mil millones de pesos y 11 mil millones, respectivamente durante 2019. El recurso natural no está al capricho de nadie, simplemente se aprovecha en el sitio donde se encuentra, como pasa con la industria minera y de hidrocarburos. Es obligación del Estado, a través de la CFE, invertir en infraestructura suficiente y en servicios inteligentes para llevar ese insumo en tiempo y forma al consumidor final.
Afortunadamente, el poder judicial se ha comportado a la altura, dando marcha atrás a algunas de las decisiones de las autoridades energéticas en donde actores de la sociedad civil señalan agravios a la salud yal medio ambiente, al debido proceso, entre otras consideraciones. Así, México compra tiempo en el imperioso riesgo de perder su grado de inversión y malgastar su capital natural que se puede volver mucho más productivo.