Siete de cada 10 trabajadores agrícolas en Estados Unidos son mexicanos. El dato es abrumador pero es más digno de atención hablar de la situación en la que viven nuestros connacionales que se dedican a esta industria, tan necesaria y tan fundamental en el vecino país y que, sin temor a equivocarme, esta sostenida por trabajadores, en su mayoría, mexicanos y en general por latinos.
Se ha generado desde hace algunos años, un debate a nivel nacional que subraya las injusticias que enfrentan estos trabajadores, siendo estas principalmente los salarios injustos y la falta de protecciones laborales como pago de horas extras y acceso a compensación laboral en caso de accidente, enfermedad o muerte en el trabajo.
¿Qué quiere decir todo lo anterior? Que los trabajadores agrícolas, aún con las largas jornadas en climas extremos a las que son sometidos, aún con los grandes riesgos que corren por estar expuestos al uso de pesticidas y otros químicos usados en la industria, el salario mínimo previsto para ellos por las legislaciones en la mayoría de los estados, es menor a la de un trabajador regular, además, no tienen derecho al pago de horas extra ni están protegidos en caso de que se enfermen, lesionen o incluso pierdan la vida en el campo, digámoslo así, una familia de un trabajador agrícola fallecido no recibiría absolutamente nada. El “sueño americano”, al menos para los trabajadores agrícolas, dejó de ser un sueño desde hace mucho, incluso para algunos, tristemente, se ha convertido en una pesadilla, pues, además de lo anterior, no podemos dejar de mencionar algunos otros obstáculos que enfrentan como la barrera del lenguaje, solo 15% de ellos domina el idioma inglés, lo que es un gran obstáculo no solo para abogar por sus derechos, sino para el acceso a servicios básicos de salud. En respuesta a esta realidad, y gracias a la diversidad de nuevos actores internacionales y al flujo dinamitado de información que vivimos, en algunos estados se ha logrado un cambio de legislación por presión de sociedad civil y academia, quienes se han aliado para presentar demandas en contra de los estados, argumentando exclusiones y trato discriminatorio hacia este grupo de trabajadores. Esto nos habla no solamente de una conciencia y reconocimiento a la comunidad migrante en Estados Unidos, sino de que ellos mismos están buscando acabar con estas contradicciones no solo injustas sino insostenibles. Tiene que ser, si o si, prioridad para la nueva administración sumarse a estas voces de cambio en los estados faltantes de leyes justas, con una política exterior respetuosa de los asuntos extranjeros pero que busque defender los intereses de los “héroes migrantes”.