La inminente imposición de aranceles del 25% por parte de la administración de Donald Trump a partir del 4 de marzo de 2025 representa un escenario de alto riesgo para México, tanto en el ámbito económico como en el social.
Esta medida, que podría estar dirigida a productos clave como el acero, el aluminio o incluso bienes manufacturados, tendría repercusiones significativas en la economía mexicana, dada la profunda interdependencia comercial entre México y Estados Unidos.
México es altamente dependiente del comercio con Estados Unidos, su principal socio comercial.
Cerca del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense, y sectores como la manufactura, la automotriz y la agroindustria son especialmente sensibles a cambios en las políticas comerciales.
Un arancel del 25% encarecería los productos mexicanos en el mercado estadounidense, reduciendo su competitividad frente a otros proveedores.
Esto podría llevar a una caída en las exportaciones, afectando directamente el crecimiento económico del país.
Muchas empresas, especialmente en el sector manufacturero, podrían considerar trasladar sus operaciones a otros países con menores costos comerciales, lo que generaría una pérdida de inversión extranjera directa (IED) y empleos en México.
La incertidumbre generada por los aranceles podría llevar a una depreciación del peso frente al dólar, aumentando los costos de las importaciones y generando presiones inflacionarias.
Por otro lado, el impacto económico de los aranceles tendría un efecto directo en el empleo y la estabilidad social en México.
Sectores como la manufactura, que emplea a millones de trabajadores, podrían verse obligados a reducir su plantilla laboral debido a la disminución de la demanda.
Esto afectaría especialmente a regiones con alta concentración industrial, como el norte del país.
Ante la falta de oportunidades en el sector formal, muchos trabajadores podrían verse forzados a buscar empleo en la economía informal, lo que agravaría las condiciones de precariedad laboral y reduciría la recaudación fiscal.
La pérdida de empleos y el deterioro de las condiciones económicas podrían impulsar un aumento en la migración interna hacia las ciudades, así como un incremento en la migración hacia Estados Unidos, lo que generaría tensiones adicionales en la relación bilateral.
El deterioro económico y social podría tener repercusiones políticas y de seguridad en México.
Un escenario de crisis económica podría generar descontento social y aumentar la presión sobre el gobierno mexicano, debilitando su capacidad de gestión y generando incertidumbre política.
El desempleo y la falta de oportunidades podrían exacerbar los problemas de inseguridad, ya que algunos sectores de la población podrían recurrir a actividades ilícitas como medio de subsistencia.
Ante este escenario, México debería considerar estrategias para mitigar los impactos negativos:
Diversificación comercial: Acelerar los esfuerzos para diversificar los mercados de exportación, fortaleciendo las relaciones comerciales con otros países y regiones, como la Unión Europea, Asia y América Latina.
Fomento a la industria nacional: Impulsar políticas que fortalezcan la industria nacional y reduzcan la dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos.
Diálogo bilateral: Mantener un diálogo constructivo con la administración estadounidense para evitar la escalada de medidas proteccionistas y buscar soluciones mutuamente beneficiosas.
Políticas sociales y económicas: Implementar programas de apoyo a los sectores más afectados, como subsidios temporales, capacitación laboral y estímulos fiscales para las empresas.
La imposición de aranceles del 25% por parte de la administración de Donald Trump representaría un desafío significativo para México, con consecuencias económicas, sociales y políticas de gran alcance.
Sin embargo, con una estrategia adecuada que combine diversificación comercial, fortalecimiento interno y diálogo bilateral, México podría mitigar los riesgos y adaptarse a un nuevo escenario global.
La clave estará en la capacidad del gobierno y los sectores productivos para anticiparse y responder de manera efectiva a estos desafíos.