Que se vayan pronto el 24 y el 25, para después olvidar”, sostiene el dirigente de un colectivo de familiares de desaparecidos, a propósito de la navidad. Hace años no sabe nada de su hijo y el espacio vacío no se llena con cena, ni brindis, sino con dolor y lágrimas.
Varias madres del colectivo, por lo mismo, no celebran. No hay cena de pollos o pavos, ni adornos, ni luces y tratan de pasar el día como uno cualquiera. Si acaso aquellas que tienen hijos pequeños o nietos, no pueden evitar algún festejo y cumplir con los obsequios para los menores.
Este es el panorama que se repite en cientos de hogares en el estado que registra más de quince mil desapariciones, y que tan solo en la administración estatal anterior fueron más de nueve mil los que aumentaron en la lista.
Aunque en el nuevo gobierno estatal hay señales de intentar remediar el grave problema con reuniones mensuales con afectados, mayor presupuesto para dependencias y la creación de una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, algunos colectivos estiman que son esfuerzos mal dirigidos.
Por ejemplo, la secretaría dispondrá de apenas 60 millones de pesos, pero además realizará funciones de escritorio como análisis de contexto y perfiles criminales, labores que se supone ya realizaba la propia fiscalía estatal.
El consejo ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco consideró un error no haber incorporado a colectivos en la creación de la nueva secretaría y además recomendó enfocar sus funciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Distintos colectivos han enumerado que lo que se requiere para atender el fenómeno es una Fiscalía Especializada (como ocurre con la electoral o la de anticorrupción), contratar más personal de búsqueda, más personal capacitado y con el perfil adecuado para el área forense, genetistas y mejor equipo.
Los casos de desaparecidos pueden considerarse de larga data (varios años) y algunos fueron cremados en hornos clandestinos, lo que requiere de expertos capacitados de otros países, como sucedió con los 43 de Ayotzinapa.
El panorama es tan complejo que en las condiciones actuales el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sigue enfrentando una severa crisis. Existen entre cinco mil y nueve mil restos sin identificar y las confrontas para identificación (citas a familiares) pueden llevarse hasta seis meses.
La identificación de un cuerpo cuando éste fue segmentado puede tardar de nueve meses hasta más de un año, aunque se han dado casos donde se entregan los restos a familiares hasta dos años después.
Por todo esto, en medio de esta crisis por las identificaciones de cuerpos acumulados en el servicio médico forense, llama la atención que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses todavía oferte sus servicios a particulares, cuando el personal debería estar concentrado en abatir el rezago.
En el portal del IJCF, en el apartado de trámites y servicios, se ofrece prueba de paternidad en 7 mil 282 pesos, que puede solicitarla el interesado o los padres cuando existe duda de parentesco biológico. Hay que presentar el INE y el recibo de pago.
También se realizan estudios de resistencia balística a chalecos balísticos, así como estudio de resistencia balística a diversos artículos u objetos, con un costo de 15,637 pesos.
Otros servicios ofrecidos a particulares son pruebas antidoping, toma de huellas dactilares, examen poligráfico (detector de mentiras), análisis de metales por absorción atómica, examen de alcoholemia y examen por abuso de droga.
Los estudios y exámenes los elabora el mismo personal de laboratorio del instituto y del área genética, en el caso de paternidad.
Una revisión a varios institutos forenses de distintos estados del país revela que no ofrecen estos servicios a particulares.
Por ejemplo, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México realiza pruebas de paternidad, pero solo a petición de un juzgado y mediante el oficio respectivo.
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