En su reciente visita a los Altos de Jalisco, a la presidente Claudia Sheinbaum le pidieron intervenir en el tema del abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara y para esa región, luego de que Andrés Manuel López Obrador dejara pendiente la derogación de un importante decreto y una nueva redistribución de las aguas del Río Verde.
Y es que en el tema de gestión integral del agua, Jalisco ha sido un completo desastre.
A los malogrados proyectos de la presa de Arcediano, donde se gastaron unos mil millones de pesos en estudios y donde se desmanteló el puente histórico para después volver a colocarlo en su sitio original, piedra por piedra, y el de la presa derivadora de El Purgatorio, un proyecto olvidado de más de seis mil millones de pesos, ahora se suma el de la presa El Zapotillo.
Planeada para construirse con una cortina de 105 metros de altura, avalada por los tres últimos gobernadores: Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, pese a que representaba la desaparición de tres poblados, fue rescatada por el presidente López Obrador a un alto costo.
De los más de seis mil millones presupuestados inicialmente, tuvo un costo final estimado en unos 36 mil millones de pesos, con una cortina en operación a poco más de 40 metros y con un almacenamiento de apenas 40 millones de metros cúbicos, muy lejos de los 900 millones estimados.
De esta presa, Guadalajara obtiene dos metros cúbicos que se unen al otro metro que aporta la presa de El Salto en Valle de Guadalupe, para los tres metros cúbicos que ahora recibe la ciudad a través del acueducto que llega a Calderón y de ahí a la capital de Jalisco.
En 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo promulgó el decreto 07/04/1995 para reservar las aguas del Río Verde para “usos domésticos y público urbano” y repartía 380 millones para Jalisco y 120 millones de metros cúbicos para León, Guanajuato.
Sin embargo, López Obrador canceló el acueducto a León y con ello dejó sin efecto el trasvase y ahora en el actual gobierno de Sheinbaum, ya se destinaron recursos para un nuevo acueducto de la presa Solís a la ciudad leonesa para resolver su abasto de agua.
Es por ello que organismos como el Observatorio Ciudadano del Agua piden que se actúe con la nueva realidad que se tiene en los Altos con los volúmenes del Río Verde.
No solo se trata de derogar el decreto que reserva 500 millones de metros cúbicos para uso doméstico y público urbano, donde León ya no está en el reparto, sino que se realice un verdadero plan de manejo integral del agua tomando en cuenta los distintos escenarios:
* Considerar un decreto que incorpore volúmenes para los municipios de los Altos que ya padecen escasez del líquido.
* Revisar las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA).
* Investigar el mercado negro de agua impulsado por “coyotes” ligados a la CNA que venden concesiones apócrifas en 18, 22 y hasta 24 pesos el metro cúbico, con permisos otorgados de 80 mil, 200 mil y hasta dos millones de metros cúbicos, lo que representa un gigantesco negocio.
* Revisar el otorgamiento que se hace de concesiones para la minería por encima de quienes generan alimentos.
* Otorgar un trato especial a productores alteños que generan un 27 por ciento de los alimentos para el país, el 60 por ciento de los huevos que se consumen, 17 por ciento del mercado nacional de la leche, primer productor de carne de cerdo y segundo productor de bovinos.
El argumento de productores para recibir el agua que requieren, es que México debe apostarle a la autosuficiencia alimentaria y no a las importaciones.
La redistribución de volúmenes de la cuenca del Río Verde puede ser un buen momento para realizar un manejo integral del agua que comience a subsanar años de pifias en materia hidráulica en Jalisco.
Y por cierto, el fantasioso anuncio del ex gobernador Enrique Alfaro que dejó asegurado por 50 años el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, será motivo de una futura entrega.
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