Medir la igualdad de género es complejo. Una herramienta es el índice del Foro Económico Mundial, quien estableció cuatro dimensiones para medirla: economía, educación, salud y participación política. El avance en estas áreas nos da un panorama sobre el estado general de la igualdad de género en un país. En México, nadie puede negar el increíble avance que se ha tenido en la última década en materia de derechos políticos y electorales, culminando en la Reforma Paridad en Todo. Ésta nos ha hecho unos de los países con mayor representación política de mujeres en el mundo. No obstante, aún falta mucho por hacer en materia del bienestar económico de las mujeres.
Es por esto que la reforma aprobada la semana pasada en el Senado sobre igualdad salarial es tan importante. Las acciones legislativas en materia laboral han sido una demanda constante del movimiento feminista. En éste se entiende que el empoderamiento económico es un componente importante en el empoderamiento general de las mujeres. No obstante, se consideró un “sueño guajiro”, algo que el sector empresarial nunca aceptaría. El pasado 10 de marzo, se inicio el camino para la justicia salarial al hacer reformas en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley del Seguro Social; del Trabajo, entre otras. Estas reformas buscan erradicar estereotipos de género, eliminar obstáculos institucionales y compartir las responsabilidades familiares de manera igualitaria.
Las reformas cuentan con una serie de acciones concretas para lograr esto. Debemos recordar que, en México, la brecha salarial entre mujeres y hombres era de 18.8 por ciento en 2019, una de las más amplias entre los países miembros de la OCDE. El estudio “Discriminación estructural y desigualdad social”, realizado en conjunto por Segob, Conapred y la CEPAL, señala que la brecha salarial en México persiste con posiciones ocupacionales y escolaridades similares, donde los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34 por ciento mayor al de las mujeres. En parte por ciertas prácticas que causan barreras estructurales, incluyendo las de negociación salarial. Esta reforma establece como violencia laboral “preguntar el historial salarial en el proceso de contratación o de la relación laboral”. Esto porque esta es una de las acciones que directa o indirectamente perpetúan la brecha salarial de género, al crear ciclos de discriminación salarial, donde las mujeres no suben de rango salarial, a pesar de tener cada vez mayores responsabilidades laborales. Esto se refleja a que previo a la reforma, 29 por ciento de las mujeres de la población económica ocupada recibía el rango salarial más bajo, contra 20 por ciento de los hombres.
La reforma establece un método de rendición de cuentas, al establecer que las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que cuentan con prácticas de igualdad de género y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de sus personas trabajadoras. Esto permite establecer un mecanismo para examinar que la reforma se cumpla en el espíritu establecido. Con esta reforma tenemos una primera hoja de ruta, con acciones concretas que nos permiten integrar a las mujeres a la recuperación económica poscovid, y contribuye a cumplir con las recomendaciones internacionales que tiene nuestro país en materia de igualdad salarial.
*Especialista en temas de igualdad de género.