Ministros avalaron que Francisco García Cabeza de Vaca mantuviera los escoltas pagados por el erario, pero la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas señaló que esos elementos en específico no resultan idóneos para tal función, pues carecen de la validación de competencias y exámenes de control y confianza respectivos.
De acuerdo con la información oficial, son más de 30 elementos que el panista “se autoadscribió antes de concluir su mandato” y que a juicio del actual gobierno no son confiables.
No obstante, el panista obtuvo una suspensión de amparo por el cual solicitó que no fueran sustituidos o reemplazados por personal distinto al que él mismo seleccionó.
La Vocería señaló que personas no calificadas cuidaban al hijo de Cabeza de Vaca y que el gobernador Américo Villarreal Anaya instruyó investigar lo sucedido con el menor, pero que el ex mandatario no había denunciado ante la Fiscalía, cosa que después hizo.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia apoyaron que el ex gobernador trajera escoltas por un tiempo igual al del periodo en que ocupó el cargo.
En julio pasado, al resolver la acción de inconstitucionalidad 158/2021 y su acumulado 159/2021, rechazaron con seis votos en contra y dos a favor, la ponencia de Yasmín Esquivel para anular tal protección al considerar que los recursos para seguridad que reciben los estados son limitados y no deben destinarse a la seguridad personal de quienes ya concluyeron su función, en demérito del resto de la sociedad.
La “ley guarura” había sido impugnada por diputados morenistas de la 65 Legislatura local.
Las ministras Loreta Ortiz y Lenia Batres dijeron que son privilegios que atentan contra el principio de igualdad, al discriminarse al resto de la población, en su derecho humano a la seguridad pública, que el Estado debe garantizar a todas las personas.
Juan Luis González Alcántara apuntó que el Estado sí tiene la obligación de proteger a quienes al terminar su función, todavía enfrentan ciertos peligros por el cargo público que ocuparon.
Para Margarita Ríos Farjat, arriesgan su seguridad personal y pueden ser víctimas de venganzas. Y la presidenta Norma Piña no lo ve como un derroche.
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