La Conferencia de las Partes de la ONU se celebrará en noviembre de 2024 en Bakú, Azerbaiyán, casi una década después de la histórica COP 21 en París, donde 195 países se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 2°C. Sin embargo, los resultados hasta la fecha son preocupantes: en 2024, el incremento de la temperatura ya supera el umbral crítico de 1.5, mientras que las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan en ascenso, alejándonos de los objetivos del acuerdo.
En este contexto, los países presentarán nuevamente sus metas y soluciones, pero como en la COP de Dubái, es probable que se discuta superficialmente sobre la transición hacia una economía descarbonizada, mientras que los combustibles fósiles, responsables principales del calentamiento global, mantienen su predominio sobre las energías renovables. Este año, como en 2023, de nuevo es un país exportador de combustibles fósiles el anfitrión de la conferencia. Es probable que el tema agrícola sea relegado a un segundo plano, a pesar de que, si bien es emisor de gases de efecto invernadero, es también el que ofrece oportunidades significativas para el almacenamiento de carbono, lo cual es crucial en la lucha contra el cambio climático.
A pesar de ello, el financiamiento climático destinado a los sistemas agroalimentarios sigue siendo limitado. Las discusiones de este año en Bonn durante la pre-COP 29 no lograron acuerdos sobre el financiamiento climático, por lo que Bakú enfrentará las mismas tensiones. Persisten desacuerdos entre los países en desarrollo y los industrializados, a los que se exige asumir los costos de mitigación. Muchos se refieren a la COP29 como “la de las finanzas”, oportunidad para alinear las contribuciones de la financiación climática con las necesidades globales.
Sin embargo, a pesar de este enfoque, los fondos para la acción climática en casi todos sus aspectos básicos siguen siendo motivo de desacuerdo, incluso dentro de los países industrializados, entre los que, por ejemplo, existen diferencias acerca de la inclusión del sector privado como contribuyente o como alternativa para el establecimiento de un financiamiento anual a fin de enfrentar los desafíos climáticos.
Esto es especialmente crítico para las más de 500 millones de pequeñas fincas que producen hasta 70 por ciento de los alimentos en países de renta baja y media, donde carecen de acceso a recursos esenciales como financiación, mercados, fertilizantes, semillas, electricidad y datos. En 2023, este segmento de agricultores recibió menos de 1 por ciento de la financiación climática total, lo que subraya la urgencia de alinear los recursos con las verdaderas necesidades globales en lugar de seguir con promesas vacías.
Desde un punto de vista profesional, un sistema alimentario que aspire a mitigar los efectos del cambio climático y alcanzar una agricultura descarbonizada deberá mejorar significativamente los rendimientos de producción y movilizar financiamiento a largo plazo para el medio ambiente y el clima. Es esencial implementar programas integrados y una planificación transformadora que promueva un cambio en las prácticas agrícolas, protegiendo el medio ambiente sin comprometer la sustentabilidad económica de los agricultores.
Desarrollar hojas de ruta específicas para las distintas actividades agrícolas de la región, establecer sistemas de manejo eficiente de recursos como suelo y agua, y reducir el uso de agroquímicos son pasos críticos. Igualmente importante será incluir análisis de riesgos que respondan a los desafíos de un clima cambiante. Para hacer esto posible, se requiere un respaldo firme de políticas públicas coherentes y apoyo financiero que aseguren una transición efectiva hacia prácticas sostenibles. Estos pasos son la base mas efectiva para adaptarse y mitigar los efectos negativos del cambio climático sobre los sistemas alimentarios.