El pasado 3 de octubre, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, prometió repatriar hasta 10.000 personas haitianas por semana, “con el objetivo de alcanzar un total de 500.000”, alegando un supuesto “exceso de población migrante”. Se trata de la política migratoria más severa en la historia reciente de ese país y como siempre, desde su decisión independista, el pueblo haitiano es objeto de un tratamiento racista, desigual y cruel.
Santo Domingo rompió récord al expulsar a 11.177 haitianos y haitianas de su territorio en una sola semana, contraviniendo las normas internacionales en materia de derechos humanos, así como el imperativo del respeto a la dignidad humana. Es deber de los Estados proteger a las personas que buscan protección internacional, y respetar la prohibición de las expulsiones colectivas.
Las y los haitianos vuelven a un contexto de violencia profunda; en el que 5,4 millones de sus habitantes, la mitad de la población, pasan hambre; el acoso político provocado desde la campaña electoral en Estados Unidos; un gobierno de transición ilegítimo y profundamente inestable; e intervenciones militares fallidas, como era de esperarse.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, como se le denomina a la misión liderada por Kenia, compuesta inicialmente por 400 uniformados para hacer frente a las pandillas en Haití, se trata más de un guiño del país africano a la potencia del norte, que de una medida medianamente efectiva o al menos paliativa, si se tiene en cuenta la muy desprestigiada presencia estadounidense, al igual que la de los Cascos Azules de la ONU, por misiones anteriores en territorio haitiano con resultados como el esparcimiento del cólera o el recrudecimiento de la violencia.
Tampoco esta vez importó que los agentes de la policía de Kenia llevan mucho tiempo siendo criticados por abusos contra los derechos humanos, ni otros elementos como la barrera del idioma o su falta de conocimiento del territorio nacional. Al fin y al cabo, Estados Unidos y ahora países con menor poder en el concierto internacional como República Dominicana, hacen lo que quieren con Haití y su pueblo.
Esta nueva misión que pronto sumará a 600 uniformados más, ha resultado un fracaso más en el largo historial intervencionista de los Estados Unidos en Haití y en América Latina y el Caribe. Mientras el Gobierno de Biden habla de un “intento de pacificación” desde el injerencismo, Donald Trump acusa a los haitianos de comerse a los perros y a los gatos de los gringos. Por ambos lados, son un chiste.
El problema de Haití no es solamente de pandillas como buscan hacernos creer; se trata de una larga historia de sometimientos, golpes de Estado, humillaciones y la resistencia y la lucha de un pueblo por su autodeterminación y libertad.
Hoy más que nunca urge regresar al debate sobre una migración con un enfoque humanista, en el que se garantice como derecho humano. No podemos permitirnos políticas de limpieza étnica en Nuestra América en nombre de una falsa seguridad y de la popularidad de presidentes nefastos.