Luego de una campaña sin grandes controversias y a diferencia de lo que sucede en la política de otros países de la región, sin un ambiente con una fuerte polarización, desde hace varios años en Uruguay existen consensos mínimos respecto a la democracia y las políticas económicas, además de una fuerte institucionalidad.
Aunque existe una claridad en la representación de Yamandú Orsi y Álvaro Delgado de los dos grandes bloques que dividen a las y los votantes uruguayos, en términos de su programa de gobierno, hay más elementos en común que diferencias. Ninguno de los dos candidatos plantea un giro radical para el destino del país del Cono Sur; tradicionalmente en Uruguay, los candidatos que han presentado propuestas muy radicales han perdido las elecciones. Sin embargo, existen coyunturas que hay que ver con detenimiento.
Tanto Orsi como Delgado han puesto el combate contra la inseguridad como eje central de sus campañas. Si bien Uruguay es considerado todavía uno de los países más seguros del continente, el alza en la tasa de homicidios y los delitos relacionados con la presencia del narcotráfico se han convertido en la principal preocupación de sus habitantes. El puerto de Montevideo, situado al extremo de la hidrovía Paraná-Paraguay, ha pasado a ser un punto clave para el transporte de cocaína, pero además, los grupos criminales también están almacenando drogas en territorio uruguayo.
Aunque Orsi centra su plan de seguridad en la ampliación de la capacidad del Estado para combatir la delincuencia, también propone nuevas instituciones para investigar el crimen organizado, el narcotráfico y la seguridad fronteriza, reflejando el giro del Frente Amplio hacia posturas centristas y más duras frente a la delincuencia. Por su parte, Delgado, delfín del actual presidente Lacalle Pou, como era de esperarse, aboga por un enfoque más duro y represivo para hacer frente al crimen organizado. Es decir, más coincidencias que diferencias.
Sin embargo, en un país donde el 1% de mayores ingresos tiene el mismo ingreso mensual que el 50% más pobre combinado, o con un núcleo duro de pobreza del 10% que permanece intacto a través de los años, este tipo de temas no tienen la misma cabida en la campaña, en un territorio que se jacta de su calidad democrática; un Uruguay del que no se habla.
La izquierda uruguaya está reunida en un solo partido y la suma de fuerzas que hasta hoy lidera el presidente de derecha Lacalle Pou, no. Es decir, la derecha no tiene un electorado cautivo. El Frente Amplio también tendrá que salir por los votos de los electores huérfanos, los indecisos y alguna parte del derechista Partido Colorado que se quedó con el nada despreciable 16%.
El Frente Amplio busca darle un nuevo aire a la política social en Uruguay priorizando la vivienda, la educación y los servicios públicos, mientras que el oficialismo quiere seguir viendo hacia al mercado.
Es necesario remarcar que en materia de política exterior, Uruguay le ha dado la espalda a América Latina y a los derechos humanos de la mano de su actual mandatario. Solo hay que darle un vistazo a sus penosas actuaciones en casos como la invasión de Ecuador a la embajada mexicana; su silencio frente a los intentos de la derecha de obstaculizar el ascenso del presidente Bernardo Arévalo; las constantes provocaciones y amenazas de retirarse del Mercosur; o su abstención en la votación por una tregua humanitaria en Gaza en la Asamblea General de la ONU, entre otros.
Uruguay no tiene futuro sin integración y, menos aún, el suficiente poder autónomo como para negociar solo, especialmente frente al apetito y el avance voraz de Estados Unidos frente a los recursos naturales de los países latinoamericanos, y a la preocupante entrada del narcotráfico a su territorio. Hoy más que nunca, Uruguay necesita un Estado muy presente y fortalecido.