Ecuador pasó de ser reconocido a nivel mundial como un territorio de paz, el segundo país más seguro de América Latina, a convertirse en el más violento de toda la región; la tasa de homicidios alcanzó los 40 por cada 100.000 habitantes. El 2023, fue el año más violento en la historia de ese país. En ciudades como Durán, las muertes violentas se han incrementado en un 1300%, haciéndola prácticamente una de las más violentas del mundo.
Las autoridades aseguran que la violencia se ha concentrado en siete de las 24 provincias, justificando así estados de excepción, sin ninguna estrategia diferente a desplegar policías y militares en las calles, en el marco del llamado Plan Fénix que no existe o que hasta ahora nadie conoce.
Dice el presidente Daniel Noboa que “el país cambió, que ha regresado la paz y que las mafias tienen las horas contadas”, mientras que los cárteles se disputan el territorio, son los dueños de la calle y ejercen la autoridad, ante la ausencia estatal en todos los aspectos. Por ello, cada vez son más frecuentes los casos de detencion de niños y adolescentes por delitos como secuestro, extorsión o asesinato. A esto se suman los continuos motines carcelarios porque las bandas gobiernan desde las cárceles sin que el Estado pueda o quiera controlarlas.
Las medidas excepcionales que restringen los derechos humanos han pasado de ser temporales a convertirse en la norma en Ecuador, y las repercusiones negativas son claras, según declaró recientemente Amnistía Internacional sobre la situación de ese país. “Las políticas de seguridad actuales no se ajustan a las normas de derechos humanos”. Basta ver las imágenes de las manifestaciones del pasado fin de semana del pueblo ecuatoriano contra el Gobierno de Noboa, en las que se aprecia la represión y la violencia con la que es tratado por parte de la fuerza policial. Violencia para el pueblo, impunidad para los cárteles.
En medio de esta crisis de inseguridad sin precedentes, Ecuador también experimenta, desde hace varias semanas, apagones de hasta 14 horas diarias por la falta de inversión y mantenimiento del sector eléctrico, combinados con el deseo de privatizar este servicio público y robustecer el negocio de las barcazas petroleras. Aunque Noboa dijo en campaña que arreglaría el problema de suministro eléctrico en nueve meses, el país más inseguro de la región no tiene luz.
Otra de las principales preocupaciones manifestadas por las y los ecuatorianos es el desempleo, que en octubre fue de 3.4% según el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC), mientras que el trabajo informal ascendió a 54.9%. De acuerdo con la misma institución, el 26% de ecuatorianos y ecuatorianas vive en situación de pobreza, mientras que en las zonas rurales este indicador llega hasta el 46%; el caldo de cultivo perfecto para la inseguridad.
Ni qué decir de cómo, junto a su Gabinete de inexpertos, han desmantelado hospitales, escuelas, carreteras y cualquier forma de servicio público para convertirlos en negocios entre compadres.
Noboa decidió seguir endeudando al país, mientras su familia, la más rica del país, es la principal deudora del fisco. El niño consentido de los Estados Unidos le abrió la puerta al tío Sam y firmó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4 mil millones de dólares, y para obtenerlo elevó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde abril, con lo que pasó del 12% al 15%, pese a que en campaña le prometió al pueblo ecuatoriano no hacerlo, así como no subirle el precio a los combustibles.
También permitió y promovió el regreso de las bases militares estadounidenses al territorio ecuatoriano –luego de que el expresidente Rafael Correa no renovara su continuidad en 2009–, como gran solución al problema del narco, y el funcionamiento de las Islas Galápagos como portaaviones, pese a que es precisamente ese uno de los puntos desde donde más se registran vuelos del narcotráfico. ¡Qué coincidencia!
El presidente junior invadió la embajada mexicana en Ecuador para secuestrar a Jorge Glas y ganar la consulta popular; en la elección presidencial más reciente asesinaron a Fernando Villavicencio para culpar al correísmo y hacerse con la presidencia; hace algunos días intentaron capturar al exministro de la Revolución Ciudadana Walter Solís, refugiado en México y reconocido como perseguido político, incluso por la propia INTERPOL, —organismo al que quisieron involucrar en el operativo en circunstancias bastante dudosas—, para “extraditarlo” al Ecuador y tener un trofeo para las elecciones del próximo 9 de febrero.
Adicionalmente, Daniel Noboa apartó con todas las artimañas posibles a su propia vicepresidenta del cargo para garantizar que no asumiera como presidenta durante su ausencia en campaña, e inhabilitó, a través de su influencia en el Tribunal Contencioso Electoral, al candidato presidencial Jan Topic por considerarlo un competidor directo.
Sería una verdadera tragedia para Ecuador otros cuatro años de incompetencia y brutalidad. Sin embargo, frente a un candidato presidente sin escrúpulos, un Gabinete de lambiscones y un sistema institucional que perdió toda independencia, lamentablemente la competencia siempre será cruda y desigual. Por el bien del país sudamericano y de la dignidad de su gente, que sea la voluntad popular la que más pese.