Daniel Noboa ha hecho lo impensable en un año de gobierno: proscribir a un candidato político por considerarlo una piedra en el zapato para su reelección; destituir a su propia vicepresidenta; entorpecer las investigaciones para averiguar quién mató al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, cuya muerte le resultó muy conveniente; invadir una embajada violando cualquier tratado internacional; detener a un asilado y ponerlo en una cárcel de máxima seguridad esperando que muera; intentar secuestrar a otro asilado en territorio mexicano; dejar a todo un país sin luz; terminar de convertir a Ecuador en un narco-Estado; y ahora, entregar un Patrimonio Natural de la Humanidad para transformarlo en una base militar estadounidense.
La Constitución ecuatoriana, vigente desde 2008, prohíbe explícitamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. Sin embargo, ante la negativa de tratamiento por parte de la Asamblea, el Gobierno de Daniel Noboa logró la aprobación de la instalación de la base con el aval de la Corte Constitucional, por supuesto, sin consultar a la comunidad y violando el régimen especial de las Islas Galápagos, que prioriza la conservación del patrimonio natural y el bienestar de sus habitantes.
Bajo el amparo de los tratados de cooperación firmados el pasado 15 de febrero de 2024, no sólo se permitirá el despliegue de buques, aeronaves y personal militar de los Estados Unidos, con la justificación de combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas, sino que se les otorgará privilegios y exenciones, incluyendo inmunidad jurídica; una vía libre para los abusos y una base que pone en riesgo la seguridad y la soberanía de la región.
Además, estas medidas facilitarán actividades que contradicen las normativas de protección ambiental y acabarán por afectar gravemente el ecosistema marino de la reserva.
Con un acuerdo en lo oscurito y total servilismo, desde 1999 y por diez años, —hasta que el expresidente Rafael Correa ordenó que no se renovara—, se permitió la instalación de un Centro Operativo de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) en la ciudad costera de Manta, siendo en su momento, una de las estructuras militares de los Estados Unidos más grandes en América Latina, con el supuesto objetivo de luchar contra el narcotráfico en el marco del Plan Colombia, implementado en el vecino país.
Sin embargo, la violencia no disminuyó en ese periodo; de 13,55 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra pasó a 17,74; y los datos de incautación de droga entregados por los militares no coincidían con las cifras del entonces Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas. Ni hablar de las detenciones ilegales y las violaciones a los derechos humanos a la población civil por las que nadie respondió.
No es la primera vez que un “conflicto armado interno” es el caldo de cultivo perfecto para que los Estados Unidos salgan al rescate, aprovechando a cualquier presidente títere. Hace casi exactamente un año, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, afirmaba “tener un plan de seguridad de cinco años para Ecuador”; la seguridad nacional del país sudamericano dictada desde el Departamento de Defensa del país del norte.
Así como le entregó su seguridad personal a militares estadounidenses y agentes del Mossad, el presidente junior le entregó las Islas Galápagos en forma de cheque en blanco al Tío Sam. El “servilismo colonial”, como han calificado algunas organizaciones sociales a la entrega de las Islas Galápagos a Estados Unidos, describe de cuerpo entero al Gobierno de Daniel Noboa: entreguista, inútil e indolente.