Usted está a punto de parir a un bebito prematuro y quisiera saber cuáles son los hospitales en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato en los que se ha detectado el brote de una bacteria resistente a los antibióticos que ya ha cobrado la vida de 17 personas, de los cuales 16 son niños nacidos prematuramente. Olvídelo, el gobierno se ha reservado esa información. Desde el 28 de noviembre se notificó a la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica la presencia del brote y de un fallecimiento asociado. El 3 de diciembre se detectaron nuevos brotes en Michoacán (3 fallecidos) y en Guanajuato (un fallecido). Ese día trascendió la información de que eran cuatro hospitales en el Estado de México los afectados. Una semana después seguimos sin saber los nombres de esas unidades hospitalarias. Si alguien quisiera evitarlos, no podría hacerlo. Probablemente las autoridades consideran que dado que la fuente de este brote está identificada (los lotes de un alimento para prematuros) y que ya se tomaron las medidas adecuadas, no hace falta enterarnos del nombre de los hospitales por los inconvenientes que eso conllevaría. Dicho eso, seamos claros, los gobiernos siempre encuentran buenas razones para manejar la información como mejor les convenga. Y, lo más importante, su apreciación de lo que debemos saber y cuándo debemos saberlo no suele coincidir con la de los particulares que buscamos tomar decisiones que nos afectan directamente. Es por esto que es lamentable la pérdida de cualquier mecanismo de generación y análisis de información que opere con independencia del gobierno. Es el caso del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que ahora se va a integrar al Inegi. El Coneval había desarrollado una metodología reconocida internacionalmente para medir la pobreza y evaluar los programas sociales del gobierno. Sus reportes eran creíbles y estaban respaldados por académicos reconocidos. En uno de sus últimos reportes nos enteramos, por ejemplo, del efecto sobre la pobreza que habían tenido los programas de transferencia de recursos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: una disminución del 41.9 por ciento al 36.3 por ciento de la población en situación de pobreza, pero un aumento en el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud que pasó de 16.2 por ciento a 39.1 por ciento entre 2018 y 2022. Cabe hacernos la pregunta: si el informar sobre esos hallazgos hubiera estado en manos del gobierno, ¿nos hubieran dado el panorama completo o solo lo que resultaba políticamente conveniente?
Otro ejemplo: llevamos meses esperando los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones. Desde el año pasado se informó que había terminado el levantamiento y el propio presidente López Obrador anunció que se darían a conocer los resultados. Nos quedamos esperando. Ni siquiera vale la pena ponernos a especular si hay un aumento en el consumo que prefirieron guardarse de cara al periodo electoral o si simplemente cometieron algún error metodológico que optaron por omitir. Solo ellos lo saben.
El Estado no debería tener esos márgenes de discrecionalidad a la hora de proporcionarnos la información. Dejarles a las autoridades la facultad de decidir cuándo sí y cuándo no nos informan, atenta directamente contra nuestro derecho a saber. Es una gran tentación para los detentores del poder manejar la información según su conveniencia. Hacerlo incide sobre las percepciones que vienen asociadas a esos números como la impresión de éxito o fracaso de ciertos programas y políticas públicas. Lo cierto es que no parece que se estén privando de ello.