Antonio González Méndez, indígena zapatista de origen chol, tenía 32 años de edad cuando fue desaparecido de manera forzada por uno de los grupos paramilitares creados en Chiapas por el gobierno de Ernesto Zedillo para sembrar terror entre quienes simpatizaban o apoyaban la insurgencia del EZLN.
En El Calvario, comunidad perteneciente al municipio de Sabanilla, uno de los más marginados del país, Antonio atendía la tienda de la cooperativa Arroyo Frío, donde fue visto por última vez el lunes 18 de enero de 1999.
Por lo menos, otras 37 personas también fueron desaparecidas, 85 asesinadas y más de 4 mil 500 desplazadas por Paz y Justicia, engendro institucional que, además de Sabanilla, operaba en otros municipios del norte chiapaneco como Tila, Salto de Agua, Tumbalá y Yajalón, de acuerdo con documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
A casi 25 años, Antonio no solo sigue sin ser encontrado: ni siquiera es buscado por un Estado que, desde los gobiernos de Zedillo hasta el de Andrés Manuel López Obrador, niega el paramilitarismo desplegado a finales del siglo pasado, del cual dan cuenta cientos de testimonios, investigaciones e incluso documentos oficiales del Ejército mexicano como el Plan Campaña Chiapas 94.
Debido a este negacionismo gubernamental y a las cada vez más compulsivas ambiciones mercantiles de controlar la tierra de Chiapas, a través del despoblamiento y reordenamiento para la explotación de los ricos recursos naturales, la impunidad se ha traspasado sexenalmente de gobierno a gobierno, sea o no humanista.
Impulsado por su familia y el Frayba, el caso de Antonio logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitirá este 12 de diciembre una sentencia trascendental para todas las víctimas del paramilitarismo extendido a lo largo de diversas regiones de Chiapas en los noventa.
En la búsqueda de Antonio está una de las raíces de la violencia actual desatada por el Estado en Chiapas, al permitir y alentar estos años recientes engendros del crimen organizado que, al igual que Paz y Justicia en los noventa, siembran terror con inconfesables fines institucionales: los de erigir un muro criminal que inhiba la migración de sur a norte, tal y como exige EU, al mismo tiempo que son la primera línea de ataque en la nueva fase de la guerra sucia de despojo contra pueblos y comunidades autónomas que defienden la Tierra.