El Congreso de Jalisco le falló a las mujeres. Un paso gigante como la despenalización del aborto, fue dado con miedo y por empujones de la Corte, sin acceso seguro y gratuito para elegir libremente.
Claro que se celebra la no criminalización de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, pero a la marea verde todavía le falta dar una segunda ola en el estado, aquella que llegue para darle todos los derechos a todas las mujeres, porque ahora mismo en Jalisco decidir sobre nuestros cuerpos es un privilegio.
El gobierno ha sido incapaz de garantizar el acceso al procedimiento en las instituciones públicas de salud ni siquiera por las causales legalizadas antes del pasado 4 de octubre.
Basta recordar a la niña de 12 años violada por su padre y embarazada de 25 semanas que permaneció once días internada en un hospital público sin ser intervenida por una presunta falta de personal capacitado para realizar el proceso en esa etapa de gestación; sin embargo, colectivos denunciaron que el mismo personal de salud retrasó la atención e intentó persuadirla para llegar a término, a pesar de que ya había expresado su deseo de no ser madre.
Al final, la Secretaría de Salud estatal la trasladó a la Ciudad de México para ser atendida en las clínicas que ofrecen el servicio en la capital desde hace 17 años.
Más de 700 mujeres jaliscienses han estado en la misma necesidad de viajar a la capital del país para someterse a la interrupción del embarazo de manera segura y gratuita, pero qué pasa con las que no pueden costearse un viaje de 500 kilómetros? Su opción es hacerlo en hospitales privados, donde el costo por medicamentos es de alrededor de 3 mil pesos, y si es de manera quirúrgica oscila entre 4 mil y 10 mil pesos, según la etapa; una alternativa que no está al alcance de todas.
La agenda legislativa debe tener perspectiva de clase. Los representantes de los intereses ciudadanos tienen la obligación de ver por todas las mujeres y que ninguna tenga sus derechos condicionados por sus circunstancias socioeconómicas.