Que nos cuentan que los apoyos entregados por la administración de Diego Sinhue a la empresa Deutsche Messe-Italian German Exhibition Group para la realización de eventos al menos durante los últimos dos años podrían superar los 60 millones de pesos lo que empieza a convertirse en un escándalo al tratarse de recursos públicos pues la factura presentada ayer por este medio corresponde a una de tres del 2023.
Pero esto podría tornarse en un tema mayor pues los más escépticos se preguntan cuál y para quién fue el beneficio real de la realización de estos eventos. Será interesante además saber de qué dependencia o dependencias salieron los recursos que bien pudieron destinarse a otros fines y no a la realización de una feria que decayó en su última edición.
Que hablando de conflictos laborales, nos cuentan que la desaparición del Fidesseg no solo traspasó los fondos del fideicomiso al gobierno de Guanajuato, sino que también se tienen pendientes asuntos con quienes laboraban para la administración de este, pues evidentemente alguien debía de prestar atención al proceso de entrega de recursos, y no iban a ser los empresarios.
Nos cuentan que para revisar procesos, administrar el fideicomiso, así como entrega de los recursos trabajaban al menos una veintena de personas que recibían un salario por ello, pero se quedaron sin empleo por lo que se les debía liquidar y resulta que nadie se quiere hacer cargo de al menos 8 millones de pesos que se requerían para tal efecto.
Que por si fuera poco otro que se metió en un galimatías laboral es el alcalde de Celaya Juan Miguel Ramírez a quien le bastó poco menos de un mes para argumentar pérdida de confianza para despedir a personal de confianza de la administración pública municipal que podría alcanzar a cuando menos mil trabajadores del municipio.
No le bastó con correr a policías municipales capacitados y que la gente empezaba a reconocer como actores en el combate a las extorsiones, sino que ahora va por abrir espacios en la nómina a incondicionales o al menos personas con intereses más afines a su administración, el plato roto lo pagarán los celayenses pues se viene una ola de demandas laborales que significarán al menos decenas de millones de pesos.