Que en el análisis que nos comparten respecto a la desaparición del Fidesseg que ya le exponíamos en estas líneas y desde la perspectiva de la política pública, las decisiones que implican el uso de recursos públicos deben ser tomadas por entidades sujetas a mecanismos de rendición de cuentas y supervisión externa, como las gubernamentales.
Este es uno de los argumentos que esperan tomen en cuenta los jueces a la hora de resolver el asunto de fondo. Lo que nos dicen es que el actual diseño del fideicomiso parece carecer de estas garantías, poniendo en duda su capacidad para cumplir de manera efectiva con los objetivos para los que fue creado.
Que el debate sobre el Fidesseg no se limita a su posible extinción, sino que plantea una discusión más amplia sobre cómo deben estructurarse los modelos de apoyo financiados con recursos públicos y nos cuentan que el gobierno del estado ha adelantado que buscará un esquema más eficiente y transparente.
Pero el gran desafío será lograr un consenso que satisfaga tanto a los empresarios, quienes han administrado el fideicomiso, como a los sectores sociales que demandan mayor apertura y equidad en la asignación de recursos.
Que ahora, el destino del fondo social sigue en juego, pero lo que queda claro es que su modelo actual enfrenta serios cuestionamientos que no pueden ser ignorados. El debate, más allá de los tribunales, se traslada al ámbito público, donde la ciudadanía espera soluciones que prioricen el interés colectivo sobre los intereses particulares.
Se espera que este mes de enero a más tardar la última semana se resuelva de fondo el amparo promovido por el empresariado de Guanajuato y los argumentos presentados tanto para su permanencia como su eliminación serán tomados en cuenta por el Poder Judicial.