Que Guadalajara no fue elegida al azar por la mayor fabricante de chips para inteligencia artificial para construir la planta más grande del mundo, pues desde mediados de los 90’ se diseñó la entidad para convertirse en un centro especializado en tecnología de la información cuando el secretario de Desarrollo Económico de entonces, García de Alba, comenzó a transformar la imagen de Jalisco en un polo de tecnológico.
Que lo que se necesita en la capital del estado es seguridad para darles confianza a los gigantes de la informática y otros inversores internacionales, pues la zona metropolitana vive en estado de alerta por extraños incendios que no han podido descifrar las autoridades de justicia. Ayer, los policías de la Fiscalía a cargo de Luis Joaquín Méndez Ruíz hicieron tremendo oso cuando desplegaron un operativo en Zapopan para dar con los responsables de otro incendio de un supermercado, pero ni con sus metralletas y decenas de hombres pudieron agarrarlos y eso que eran dos menores de edad los que intentaron provocar las llamas en el área de colchones.
Que en Movimiento Ciudadano Jalisco ya se siente la mano de su nueva coordinadora estatal, Mirza Flores. En siete días de trabajo, la dirigente se ha reunido con todos los enlaces naranjas en el interior del estado para presentarse y escucharlos; dicen los enterados que se trata de un ejercicio de evaluación para fortalecer a los liderazgos, quienes serán las próximas apuestas rumbo al 2027. Dicen que Flores no solo llego a poner orden en la Casa Ciudadana, sino que llegó vino a reactivarla.
Que a Movimiento Ciudadano está a punto de caérsele la impugnación de la diputación local de Cecilia Márquez de Morena porque a pesar de que aseguraron que sus constancias son falsas y que eran nulas para acreditar su discapacidad, resulta que no es así. El expediente médico de Márquez es de años atrás y fue expedido por la Secretaría de Salud federal y estatal. Y no solo eso, sino que su juicio se llevó ilegalmente, ya que ni siquiera fue llamada para defenderse violando su derecho a ser escuchada y alegar a favor. Es decir, la autoridad electoral local fue omisa con la denunciada.