Que ya estaba más que interesante el desenlace de la elección municipal en Tlalnepantla, y ahora será no apto para cardiacos, pues el magistrado Felipe Fuentes, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuso que se anule la elección en donde triunfó Morena con Raciel Pérez, al acreditar que existió una “campaña negra pagada, desde redes sociales y en plena veda electoral”, en contra de Marco Antonio Rodríguez, quien buscaba la reelección y que por esos medios fue señalado de homicidio.
MILENIO tuvo acceso al proyecto en el que Fuentes asegura que se cumplen todos los requisitos para anular, pues en veda “hubo 18 publicaciones para calumniar al alcalde, además de que al haber una diferencia de 3.99% (en los votos) esta propaganda pudo ser determinante en los resultados”. En su caso, se procedería a ordenar al Congreso del Estado de México que convoque a una elección extraordinaria. Todo sigue en vilo.
Que a ver cómo le viene esa chamba extra al Congreso estatal, inmerso en la complicada tarea de estirar la cobija, pues justo hoy llega el paquete fiscal que plantea el Ejecutivo para 2025, donde se privilegiarán los renglones sociales, de salud, educación, seguridad y empleo, pero que tiene como contexto los ajustes de ingresos federales, a la baja en muchos rubros. El análisis de los apretados números que haya planteado la Secretaría de Finanzas, que encabeza Óscar Flores, será muy interesante.
Por cierto, ayer numerosos trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca anunciaron un paro de labores por el recorte presupuestal para 2025, aprobado en San Lázaro. La instancia de los juzgadores federales sigue viviendo tiempos aciagos en más de un aspecto.
Que la gobernadora Delfina Gómez refrendó el acuerdo con el gobierno federal para la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, que actualmente beneficia a 158 mil mexiquenses. Hay que recordar además que existen aquí 8 millones de personas que requieren atención especial, entre ellas las que tienen una discapacidad, y ya se analizan tres iniciativas de ley para un Sistema Estatal de Cuidados. Es sin duda una cuestión de justicia social.