Alarmante e indignante, o mejor dicho complicidad e impunidad, es como se puede definir ahora lo que está sucediendo en el mercado de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas y secundarias de la población en una buena parte del Estado de México y otras entidades federativas. Pero nos concretaremos al territorio mexiquense.
La queja de los productores y los consumidores antaño era la presencia de los intermediarios en la comercialización de los bienes, pues al final de cuentas estos eran los que regulaban el mercado y definían los precios.
Obvio que los intermediarios no se han retirado, al contrario, hoy están más presentes que nunca y dominan el mercado a su antojo de los principales productos de primera necesidad en muchos municipios del Estado de México.
Pero ahora la diferencia es que los intermediarios no son esa mafia de grupos de interés colocados en algún partido político o en complicidad con las autoridades sanitarias y de economía, sino que ahora los que disponen las reglas y la venta de productos básicos son los miembros del crimen organizado.
Así es, los grupos delictivos se ha apropiado del mercado de bienes y servicios en el sureste del Estado de México, y ya en algunos municipios del Valle de Toluca, donde hacen y deshacen, donde ordenan y deciden quién vende y quién no.
Son los amos y señores de la comercialización de los materiales de construcción en el sureste, así como de bienes de primera necesidad como la carne, pollo, huevo, aceite, maíz, frijol.
Pero también disponen de la venta de productos de consumo secundario, como el refresco, los cigarros, cerveza y otros artículos.
Esta mafia decide quién es el responsable de surtir a todos los comercios de la región de los productos de primera necesidad. Nadie puede surtirse en otro lugar que no sea el que ellos decidan y al precio que ellos impongan.
Obvio, el comerciante no puede perder. Por ejemplo, si el huevo podría comprarlo a 40 pero lo obligan a comprarlo a 50 pesos, pues al público lo ofrece en 60 para tener su ganancia.
En pocas palabras, el que pierde es el consumidor, pues no tiene alternativa más que comprar al precio que le fijan.
Y pobre de aquel que intente introducir mercancía y sea sorprendido, porque no sólo le aplican una golpiza sino también le imponen una multa... o algo peor.
Ojalá las autoridades estatales y federales volteen y atiendan este grave problema, porque de lo contrario, hoy es en la mitad de los municipios mexiquenses pero puede llegar a todo el territorio. O quizá ya están en todos lados y lo ocultan algunas autoridades.